Tras seis meses de intenso trabajo, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización entregó oficialmente a la presidenta Michelle Bachelet el informe con las 10 medidas esenciales que emanaron del proceso de diálogo que sostuvieron los 33 miembros de la instancia con 4 mil representantes de la ciudadanía para lograr una mayor autonomía y crecimiento en las regiones. El marco estratégico se desglosa en 70 propuestas específicas. Aquí el detalle de los principales ejes de acción que acordaron los comisionados.
1 Definición del Estado de Chile como Descentralizado
A partir de la definición del Estado de Chile como uno de carácter descentralizado, sobre un territorio indivisible, la autonomía política, por ejemplo, exige consagrar la elección popular de las autoridades del ejecutivo regional, el sistema electoral aplicable, la extensión del mandato y las normas básicas acerca de la responsabilidad política. La descentralización fiscal, por su parte, requiere habilitar un marco constitucional para ella, tales como la autorización para el establecimiento y aplicación de ciertos tributos a nivel regional, del endeudamiento regional y normas que precisen la afectación de determinados impuestos al erario de los gobiernos subnacionales. Finalmente, respecto de las competencias de gobierno y administrativas, también resulta conveniente ajustar la Constitución para precisar sus competencias propias o exclusivas, aquellas que compartirá con el gobierno nacional y aquellas en que este podrá delegar su ejercicio en los gobiernos regionales.
2 Elección de la máxima autoridad regional
Se propone que el Ejecutivo del gobierno regional sea elegido por la ciudadanía a partir de octubre de 2016 (simultánea a las elecciones municipales). A él corresponderá la dirección del gobierno y administración regional y ejercerá todas las competencias del gobierno regional, así como presidir el consejo regional. El presidente de la República será representado por un delegado del gobierno nacional cuya sede será provincial, y que reemplace a los actuales gobernadores. En él radican las atribuciones de gobierno interior y la supervisión de la administración pública desconcentrada.
3 Traspaso de Competencias, Servicios y Programas
La comisión propone un calendario plurianual para traspasar competencias, servicios y programas públicos desde los ministerios y organismos centrales a la dependencia de los gobiernos regionales y municipalidades, de modo que pueda ser incorporado en el proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento. Para acoger estos traspasos, se propone la creación, en cada gobierno regional, de cuatro nuevas direcciones del gobierno regional: Fomento Productivo e Innovación (2015/16); Desarrollo Social (2016/17); Infraestructura, Habitabilidad, Transporte y Medio Ambiente (2017/18); y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (2018/19).
4 Creación de un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas
Se propone crear un Sistema para la Administración de las Áreas Metropolitanas (la de Santiago, que se plantea denominar como Área Metropolitana de Santiago, y las del Gran Valparaíso y Gran Concepción, con posible extensión futura a otras), basado en cada Gobierno Regional, en articulación con las correspondientes municipalidades. Se trata de garantizar una mejor gobernanza pero sin duplicar funciones y sin crear un cuarto nivel de gobierno, esto es, generando una instancia que imbrique las capacidades de coordinación del gobierno regional con las capacidades de gestión de los gobiernos locales.
5 Ley de Rentas Regionales
Hay que crear una Ley de Rentas Regionales, que hoy Chile no tiene, al tiempo que fortalecer la Ley de Rentas Municipales,
de modo de permitir la gestión autónoma local y regional desde el actual 18% hasta alcanzar un 35% del gasto subnacional del total de ingresos fiscales en el mediano y largo plazo, aun por debajo del promedio de los países de la OCDE, correspondiente a un 45%. Se trata aquí de establecer una corresponsabilidad que excluya la pereza fiscal, combinando la devolución de recursos desde el nivel central pero también estimulando el esfuerzo local/regional y, al mismo tiempo, permitiendo a las regiones endeudarse para grandes inversiones que reactiven la economía, poniendo límites nítidos que aseguren un proceso financieramente responsable.
6 Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional
Constituir el Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional, inspirado en el modelo de la Unión Europea y de aplicación en otros países, tales como Canadá, Australia o Japón, dirigido a establecer mínimos comunes de servicios garantizados en cualquier parte del territorio nacional. La calidad de Zona Rezagada será determinada por medio de indicadores objetivos, cualitativos y cuantitativos, que permitan establecer que el territorio presenta niveles de aislamiento y brechas importantes en distintos indicadores socioeconómicos respecto del promedio nacional. Para ello, se postula un plan piloto de US$ 200 millones el año 2015, para crecer por ley a US$ 600 millones el 2016, a US$ 800 millones el 2017, a US$ 1.000 millones el 2018, US$ 1.200 millones el 2019 y US$ 1.400 millones el 2020 en estado de pleno régimen.
7 Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano
Se trata de un conjunto de medidas específicas que la comisión sugiere con el objetivo fundamental de contar con capital humano calificado (talentos) para el desarrollo de comunas y regiones, que contemplan una variada gama de incentivos dirigidos a atraer, retener, formar, renovar y reconvertir técnicos, profesionales y postgraduados. Es necesario destacar que, junto a la elección de intendentes, ésta es la medida más demandada en los 15 diálogos regionales.
8 Fortalecer la Institucionalidad Pública Regional
El énfasis se pone, en este conjunto de medidas, en las capacidades requeridas para liderar y articular políticas públicas regionales. Se trata aquí, fundamentalmente, de proveer los mecanismos que permitan fortalecer las instituciones públicas regionales, potenciando el liderazgo del gobierno regional en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas regionales, sustentando de esta forma las reformas estructurales políticas, administrativas y fiscales de un Chile más descentralizado.
9 Democracia Local
y Regional
Se propone flexibilizar la creación de partidos políticos regionales (modificando la Ley de partidos políticos), al establecimiento de primarias obligatorias para la decisión de candidaturas, mecanismos de limitación de la permanencia continua en el poder de unas mismas personas (estableciendo límites a la elección: intendente y alcalde hasta dos periodos consecutivos, concejal y consejero regional hasta tres) y la exigencia de voto programático, de modo que la ciudadanía se pronuncie sobre la base de propuestas programáticas concretas, susceptibles de evaluarse en su cumplimiento.
10 Fortalecer la Participación Ciudadana
Se incluye aquí la posibilidad de exigir plebiscitos regionales y locales con un 5% de las firmas del padrón electoral y la sugerencia de que la ley establezca un sistema de referéndum revocatorio para el mandato de una autoridad regional y local.
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