El próximo 1 de abril la Ley de Inclusión Laboral cumplirá un año de implementación y el Gobierno ya cuenta con cifras para realizar un balance respecto al cumplimiento de la norma que establece que las entidades públicas y privadas que cuenten con 200 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus puestos laborales para contratar a personas con discapacidad.
Según datos de la Dirección del Trabajo, ratificadas por el Ministerio del Trabajo, 1.916 firmas han registrado contratos con personas con discapacidad, lo que involucra a 10.476 trabajadores y 10.633 contratos.
Dado lo anterior, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, explicó que al cumplirse 10 meses de la vigencia de esta Ley, “un 75% de las empresas obligadas han cumplido oportunamente con lo establecido en la norma”.
Sin duda, destacó la autoridad, “es una cifra positiva, pero no debemos olvidar que la ley está hecha para que todos la cumplan (...) la DT está tomando todas las medidas de fiscalización y de promoción para que cuanto antes todos aquellos que estén obligados cumplan con la Ley”.
En caso de que una firma no pueda contratar a una persona discapacitada, por ejemplo, por no contar con las instalaciones adecuadas, la Ley permite que las empresas pueden responder a la obligación acogiéndose a una modalidad alternativa.
La opción consiste en celebrar o ejecutar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad, en la medida que se genere un vínculo de subcontratación o de suministro de empresas de servicios transitorios con dichas personas; o, efectuar donaciones a corporaciones o fundaciones, cuyo objeto sea el apoyo a personas con discapacidad, dice la Ley.
Durante los dos primeros años de vigencia de la norma, “las empresas podrán emplear medidas alternativas de cumplimiento sin entregar razones fundadas”, especifica el texto legal.
Los datos muestran que 574 firmas han informado a la DT cumplir con la ley de inclusión por medio de medidas alternativas. De ellas, 218 lo han hecho por medio de donaciones y 356 a través de la subcontratación. Mientras que los proyectos y/o fundaciones que han recibido donaciones por la ley de inclusión han sido 15.
Desde el 1 de enero del presente ejercicio, las empresas obligadas a cumplir con la exigencia deben presentar una “comunicación electrónica” mediante la cual informen el número total de trabajadores; el número de trabajadores con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez y/o la ejecución de una medida alternativa de cumplimiento (contratación de servicios con empresas que tengan trabajadores con discapacidad o donaciones).
Respecto a este último punto, 1.458 empresas han realizado dicho trámite con la DT.
Cambios a la norma
Con respecto a posibles modificaciones a la iniciativa, algo que ha sido deslizado por el Ejecutivo, el ministro Monckeberg señaló que “nosotros estamos comprometidos como Gobierno para que esta ley se cumpla y se cumpla especialmente bien. Esto es mucho más que una ley que establece una cuota de 1%, queremos promover los incentivos para que los trabajos que se le ofrezcan a personas con discapacidad sean trabajos de calidad (...) Por lo mismo, estamos estableciendo ciertos incentivos y ciertas correcciones para hacerla más fácil de aplicar y menos burocrática”, dijo.
Según reveló el II Estudio Nacional de la Discapacidad elaborado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en 2015, en Chile hay 2.836.818 personas en situación de discapacidad. De ellas, 2.606.914 son mayores de 18 años.
Desde abril la exigencia aplicará a las empresas con 100 o más trabajadores
Desde el próximo 1 de abril también estarán sujetas a la citada Ley todas aquellas firmas que cuenten con 100 o más trabajadores.
Según explicó sobre esto el titular de Trabajo, Nicolás Monckeberg, hay un desafío en incorporar a este segmento, y recalcó que "como cartera no sólo debemos preocuparnos que la norma se cumpla, sino que también que se haga de manera correcta y de cara a respetar los derechos y la dignidad de los trabajadores con discapacidad".
Con respecto a lo que la norma considera como persona con discapacidad, se señala que "es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás".
Para los efectos de la Ley, la discapacidad solo podrá ser acreditada mediante un certificado de la Compin que así lo señale, o bien, mediante el comprobante de inscripción en el Registro Nacional de Incapacidad.
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