Luego que parte de la sesión de la comisión de Hacienda del pasado 23 de agosto -sobre los resultados de la negociación colectiva del BancoEstado- se declara “secreta”, ayer se difundió el acta de la cita celebrada, revelando las inquietudes de los participantes frente al proceso y la reforma laboral que hoy está en vigencia.
Una de las exposiciones que destacó fue precisamente la del entonces presidente del BancoEstado, Jorge Rodríguez Grossi, quien señaló que por primera vez la legislación laboral ha tocado el tema de los servicios mínimos antes de comenzar a negociar y afirmó que esta nueva situación “intraquiliza”, tanto a la administración del banco como a sus trabajadores.
Sobre esta preocupación, el ahora ministro de Economía precisó que una vez que se determinen los servicios mínimos éstos permanecerán para siempre para cada empresa que los ha solicitado, y se irán adaptando a los cambios que ocurran en cada una de estas empresas.
Es decir, dijo el economista, la próxima negociación de remuneraciones no debiera tener el efecto que tuvo la última negociación, que a su vez fue la primera después de la reforma legal.
Mientras, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció en su intervención ante la comisión que una huelga en este caso es demasiado costosa y en efecto, establecer servicios mínimos es fundamental para tener una negociación equilibrada.
“(Valdés) puntualiza que la administración del banco y el sindicato acordaron hacer la negociación antes, de manera no reglada, y reconoce, asimismo, que no es fácil llevar a cabo una negociación en año eleccionario”, consigna el acta de la sesión.
Negociación anticipada
El telón de fondo de la cita se dio semanas después que el sindicato de trabajadores de BancoEstado -que agrupa a más de 9 mil trabajadores- lograra un acuerdo anticipado con la administración de la entidad.
Esto, luego que las partes involucradas advirtieran incertidumbre respecto a la definición de los servicios mínimos, cuya discusión podría retrasar hasta el próximo año la negociación colectiva.
Así, la entidad estatal decidió entregar incrementos salariales según tramos de renta y un bono de término de negociación de $4.500.000 brutos para cada afiliado al sindicato.
Esta cifra, si bien en su momento generó controversia, implica un monto menor en comparación a los $ 6,5 millones entregados en la polémica negociación de 2015.
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