Una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por el cierre de la planta de contenedores MCIS, ligada a la danesa Maersk -ubicada en San Antonio-, es la que presentará hoy la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ante el punto de contacto de la entidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La finalidad de los trabajadores es lograr una mediación con la firma para definir una solución a los más de 1.200 trabajadores que perdieron su trabajo tras el cierre de la compañía.
El argumento tras el escrito radicaría en que la transnacional habría vulnerado las “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”.
Este documento es un escrito firmado por los gobiernos adherentes a la OCDE, y en él los países se comprometieron a “promover la contribución positiva de las empresas al progreso económico, medioambiental y social en todo el mundo”. Además, esta herramienta funciona como una plataforma de mediación y conciliación para resolver los problemas.
Considerando esto, desde la CUT, en representación de los sindicatos de la firma, argumentan que la compañía no habría respetado los planteamientos del texto, como por ejemplo comunicar a los trabajadores y a sus representantes la información que les permita hacerse una idea exacta y correcta de la actividad y su estado.
Otro de los argumentos de la Central, es que Maersk no habría considerado la recomendación de la OCDE de notificar, en un plazo razonable, a los representantes de los trabajadores y a las autoridades públicas competentes “cualquier cambio en sus operaciones susceptible de afectar de manera importante los medios de sustento de sus trabajadores, principalmente cuando se trate del cierre de una entidad que implique despidos colectivos”.
Esta no sería la primera vez que la OCDE recibiría una queja de este tipo. En 2014, uno de los sindicatos de Ripley en Perú presentó una queja explicando que la firma vulneraba la libertad sindical de sus trabajadores.
Sobre el tema, ayer la presidenta de la Central, Bárbara Figueroa, explicó que las firmas transnacionales se rigen bajo estándares OCDE “que debieran ser respetados por todas las empresas, independientemente de que las legislaciones nacionales contemplen o tengan incorporado todos los elementos o las cláusulas de protección de empleo que hoy día cuentan”.
La queja será ingresada hoy por Tamara Muñoz, la vicepresidenta de relaciones internacionales de la CUT, quien llegará acompañada a Cancillería de Josué Vega, abogado de Nolberto Diaz.
Figueroa ayer señaló que como Central respaldarán “en todo lo necesario” a los trabajadores de la firma.
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