Eco en el mundo académico tuvo la disposición del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, de analizar una norma que exija a las empresas notificar con anticipación el cierre de sus operaciones.
El director del grupo laboral de AZ, Jorge Arredondo, planteó que una de las cosas que quedó al descubierto tras el cierre de la planta de contenedores MCIS, ligada a la danesa Maersk, fue la falta de una normativa para enfrentar este tipo de situaciones.
“No existe una obligación de que la empresa comunique previamente esta decisión. En España por ejemplo, cuando se producen despidos masivos debe haber una etapa administrativa previa”, señaló el abogado.
A lo que el experto hace referencia es al Expediente de Regulación de Empleo, conocido en España como ERE, un procedimiento a través del cual una empresa en una mala situación económica busca obtener de la autoridad laboral competente un permiso para suspender o extinguir las relaciones laborales en un marco en el cual se garantizan ciertos derechos de los trabajadores.
Considerando esto, Arredondo planteó que sería recomendable que nuestro modelo de relaciones laborales “pudiese contemplar una instancia de conversación previa, una instancia de comunicación, cosa que no sea una noticia sorpresiva para los trabajadores, cuya fuente laboral eventualmente se pone en riesgo o se pone en peligro”, recomendó.
Sobre este tema, Luis Lizama, de Lizama & Cia, agregó que en Chile una norma de este tipo existió en la década de los 70. Sin embargo, señaló que hay otras alternativas para enfrentar este tipo de escenarios.
“Es una responsabilidad muy grande para el Estado (...) pero esto podría regularse de una forma distinta, a lo mejor pueden haber fondos disponibles de capacitación para casos como este tipo, y que se postule con preferencia”, dijo.
Para abordar este caso en profundidad, el próximo martes la Sala de la Cámara de Diputados realizará una sesión especial para abordar el cierre de Maersk.
Con respecto a que los trabajadores afectados puedan iniciar acciones en contra de la empresa por el sorpresivo cierre de sus operaciones, el abogado Cristián Riquelme, experto en temas bancarios y financieros de AZ, sostuvo que es una opción poco viable.
“Si los trabajadores reciben sus indemnizaciones y eventualmente firman los respectivos finiquitos, en mi concepto no tendrían una posibilidad de presentar una acción legal en contra de esta decisión (...) en este concepto, las eventuales obligaciones personales que asumieron los trabajadores, no son endosables a la empresa”, expuso.
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