En junio de este año se promulgó la nueva Ley de Inclusión Laboral, iniciativa que establece que las compañías con más de 100 trabajadores deberán destinar el 1% de su dotación a personas con algún tipo de discapacidad o que sean beneficiarios de pensión de invalidez. La normativa comienza a regir a partir de inicios del próximo año.
En este contexto, la consultora multinacional Randstad realizó un estudio a 243 empresas, que reveló una realidad que podría considerarse preocupante al interior de las compañías chilenas.
En concreto, un 44% de las empresas no posee trabajadores en situación de discapacidad, mientras que 30,86% posee apenas entre 1 y 20 personas con necesidades diferentes.
En cambio, el 18,52% de las entidades consultadas declaró no saber si tiene trabajadores contratados en su nómina con alguna discapacidad.
Esta situación se agrava en las compañías de menor tamaño.En concreto, según la encuesta de la entidad, el 60% de las medianas dice no tener a empleados en esta situación, mientras que el 67% de las pequeñas responde lo mismo.
Del total de las corporaciones encuestadas, el 56% corresponden a grandes (más de 201 trabajadores), 26% a pequeñas (entre 1 y 50) y 18% a medianas (51 y 200).
“Estas cifras son preocupantes y poco consecuentes con la realidad chilena si analizamos los datos e información con la que se cuenta hoy”, plantea la directora de Marketing de Randstad Chile, Natalia Zúñiga.
En concreto, la experta enfatiza que un 20% de las personas mayores de 18 años en Chile se encuentran en situación de discapacidad (más de 2.600.000 personas) y, de este porcentaje, casi un tercio se encuentra sin trabajo (36,2%).
“Con esta nueva ley no solo se nos presenta el desafío de dar oportunidades reales a personas con capacidades diferentes, sino que generar las estructuras para ofrecer permanencia y desarrollo dentro de las compañías”, asegura la ejecutiva.
¿Se están preparando?
Otra cifra preocupante que reveló el sondeo es que la mayoría de las compañías aún no está tomando los resguardos para anticiparse a la vigencia de la ley.
En el detalle, un 39% de las empresas no está abordando internamente la nueva normativa, mientras que el 30% responde no saber si hay medidas concretas en análisis. En cambio, sólo el 16% informa que existe un grupo de trabajo constituido para analizar el tema.
En el desglose, el 24% de las grandes compañías tiene un grupo especializado analizando este tópico, mientras que dicha cifra cae a 13% en el caso de las medianas y se ubica en cero para las pequeñas.
“A nivel individual hay un gran “debe” en esta materia. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y una de ellas es informarnos. Dejar de esperar que otros vengan a hacerlo sería un gran paso. Efectivamente el Estado y el mundo empresarial son actores esenciales en el proceso, pero debe haber una inquietud, cuestionamiento e interés personal”, recalca Zúñiga.
Alrededor de 7.600 empresas del sector privado deberán aplicar la cuota de inclusión a partir del próximo, lo que abriría alrededor de 25.000 cupos para personas con alguna discapacidad.
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