Más de 30 jueces laborales y de familia decidieron golpear la mesa y entregar una carta dirigida al Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para solicitar una revisión de la política de contratación y adoptar las medidas suficientes para eliminar la subcontratación dentro del Poder Judicial.
Con ocasión de la reciente licitación, adjudicación y sustitución de la empresa de aseo que ejecuta el servicio en los tribunales Laborales y de Familia de Santiago, señala la misiva, "venimos a exponer que durante años quienes trabajamos en el Poder Judicial hemos constatado la precarización laboral que vive el personal de aseo y guardia".
En el texto se explica que se trata de personal subcontratado que trabaja en todos los tribunales del país y que, entre otros perjuicios, gana sueldos cercanos al salario mínimo.
"Esta vergonzosa realidad, en lo que a nuestra institución atañe, se consolida como efecto de las políticas de contratación del Poder Judicial que ha decidido externalizar tales labores", se indica en la carta.
Acto seguido, se reafirma que este modelo de contratación y sus consecuencias no es privativo del Poder Judicial, pues se ha desarrollado en el ámbito privado y ha sido asumido por el aparato público.
"Resulta lamentable que se haya adoptado irreflexivamente como si se tratare de una ley de la naturaleza, a la que no es posible resistir", detalla.
Según dicen, este modelo es moralmente inaceptable, económicamente ineficiente y organizacionalmente innecesario.
"Económicamente ineficiente, porque sin perjuicio de la pretensión general de abaratar costos que la inspira, la propia institución ha debido responder en muchos juicios laborales como responsable ante el incumplimiento de los contratistas de las obligaciones laborales y no necesariamente redunda en una reducción significativa de costes", explican.
Y agregan: "Es organizacionalmente innecesario, porque el Poder Judicial dispone de administración profesional en cada tribunal de Chile y de una estructura administrativa centralizada que perfectamente puede asumir la organización del trabajo hoy externalizado y que, en los hechos, en no pocos tribunales, lo hace. El Poder Judicial se necesita pagar por gestión externa, porque dispone de ella y posee además de ventajas para una adecuada racionalización de costos operacionales y de insumos, sin sacrificar salarios dignos".
"El cambio es posible"
Plantean que "el cambio es posible", ejemplificando con lo sucedido en la U. de Chile que inició un camino progresivo de internalización de los trabajadores subcontratados en sus diversas facultades.
El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por ley del Estado, está compuesto por cinco ministros de la Corte Suprema y, en el modelo actual de gobierno judicial, están facultados para tomar decisiones en esta materia. Así, la instancia actúa como un vehículo hacia el "corazón" de la Corte Suprema.
Consultado sobre esta presentación, el juez del 2° Juzgado del Trabajo de Santiago, Álvaro Flores, quien fue uno de los firmantes de la misiva, comenta que están confiados en una buena respuesta.
"Confío en que el Poder Judicial va a percibir esto como un cambio necesario. Hay buenas condiciones para que el Consejo Superior evalúe", puntualiza. Flores enfatiza: "Ningún órgano del Estado, en este caso, particularmente el Poder Judicial, debiera facilitar condiciones de precarización que son las que se generan con el subcontrato de esta forma".
Se espera que a fines de esta semana se comunique la fecha de cuándo el consejo resolverá sobre esta materia.
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