Fue anunciada como la mayor reforma laboral en 35 años. Y, por lo mismo, estuvo flanqueada desde el primer minuto por el apoyo tanto del oficialismo como del mundo de los trabajadores, más allá de las esperables aprensiones de la oposición y el empresariado. Pero fueron precisamente esas agudas críticas las que fueron ganando fuerza y terminaron por desordenar el discurso unificador de la Nueva Mayoría (NM) haciendo aún más pedregoso el camino para esta reforma estructural del gobierno.
A la controversia desatada desde el inicio del debate por el fin del reemplazo en huelga, un documento de un grupo de técnicos de la Democracia Cristiana (DC) -liderado por el economista René Cortázar- planteó mantener en la legislación la sustitución interna en caso de paralización legal, despertando la simpatía de los senadores falangistas Andrés Zaldívar e Ignacio y Patricio Walker, marcando así un “antecedente clave de un quiebre definitivo” al interior del oficialismo, según comentan algunos parlamentarios.
Pero la gota que terminó por rebasar el vaso fue el acuerdo de la bancada pro pyme firmado en septiembre, que a los pocos días -a pesar de contar con el apoyo del propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés- fue desestimado por el gobierno principalmente desde la cartera de Trabajo. Desde ese entonces, el expedito tránsito del articulado se frenó y más bien ha debido sortear difíciles vallas en su segundo trámite pese a la mayoría oficialista que goza el gobierno en el Congreso.
La evidencia de la apretada discusión que vive el proyecto en sus dos puntos más polémicos -huelga y pymes- quedó en evidencia esta semana cuando el gobierno aseguraba que el martes se ingresarían nuevos perfeccionamientos y luego, durante la noche del lunes, decidió postergar la presentación de los ajustes por una semana.
De hecho, este escenario fue visto con preocupación desde el gobierno, ya que a las voces del oficialismo que insisten en plasmar tintes de moderación en el texto, se suma el peligro latente que el debate en la comisión de Hacienda y en la Sala pase a segundo plano al toparse con la discusión del Presupuesto 2016. Panorama que incluso pondría en aprietos la intención original de despachar el proyecto desde el Congreso a fin de año.
Expertos, además, ya auguran que la lenta discusión hace imposible que el articulado logre salir prontamente por la difícil agenda parlamentaria que tiene siempre el último mes del año.
Previendo este complejo cuadro y el calibre de los reparos desde el oficialismo y desde el mundo de los trabajadores, el gobierno impulsó una ola de encuentros privados adicionales durante esta semana en medio de la postergación en el envío de nuevos perfeccionamientos. Por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunió con los ministros de ambas carteras el lunes en Teatinos 120 y el martes tuvo una cena a altas horas de la noche. Mientras, el miércoles Rincón y Valdés participaron en un almuerzo con senadores DC. Pero, además, habrían apostado decididamente por ir a la caza de los votos de los parlamentarios.
Frente a esta nebulosa, algunos pares del oficialismo confían en que el actual presidente de la DC, Jorge Pizarro, ratifique lo que señaló en su momento: que su partido garantiza los votos.
Las amenazas en juego
La próxima semana será crucial para defender las banderas de lucha del gobierno cuando se discutan en la comisión de Trabajo del Senado los cerca de 20 artículos restantes del texto relacionados a huelga, prácticas desleales e indicaciones sobre fuerza.
Una etapa clave porque luego de transitar por el Senado, el proyecto deberá volver a la Sala de la Cámara de Diputados, donde la discusión podría derivar en el trabajo de una comisión mixta, lo que obligaría a una compleja negociación política.
Pero los riesgos no terminan ahí, ya que en la tramitación del proyecto en particular en la comisión de Trabajo del Senado, la Alianza ya ha anunciado reservas de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en una serie de artículos en materias como titularidad sindical y extensión de beneficios, las que serían presentadas en enero una vez que el proyecto sea despachado, lo que podría poner en jaque la implementación de la iniciativa.
Los peligros ya han sido analizados internamente en el oficialismo como en la CUT. Según un documento que contempla el discurso pronunciado por la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, en el consejo nacional ampliado del pasado 23 de octubre, se advierte que frente a estos antecedentes, “es evidente que una vez terminado el debate en el Parlamento, tenemos una dura batalla que librar aún con el TC donde va a llegar este proyecto de ley, agregando que éste “es quizás de los peores escenarios hoy, pero un escenario muy posible donde requeriremos de nuestra fuerza para impedir que este órgano detenga por secretaría los avances”.
Por esto, Figueroa recalca: “Es tiempo que el gobierno tome posición y no pretenda por la vía de concesiones que desnaturalicen el objetivo de la reforma evitar llegar al TC. En esto no hay dobles lecturas, o se defiende lo que se prometió o da lo mismo si llegamos al TC con un proyecto que ha perforado los avances que comprometía”. Escenario que sería más difícil de sortear considerando que el tribunal está ahora constituido por seis miembros más proclives a la oposición contra cuatro a la NM.
En el empresariado, en tanto, un inminente retraso del cronograma no mejora las expectativas, ya que dan casi por perdida la batalla de perfeccionamientos en la línea de sus planteamientos. “Sigo pesimista en conseguir que acojan alguna indicación del sector privado”, dice uno de ellos.
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