El 30 de mayo la Dirección del Trabajo (DT) respondió una consulta sobre si la empresa Sociedad Metalúrgica Quiñones Farfan Limitada podía instalar dispositivos que bloqueen las señales de celular de los trabajadores al interior de la empresa.
El pronunciamiento de la entidad -que incluso recurrió a la Subsecretaría de Comunicaciones a modo de ayuda como voz técnica- fue tajante y concluyó que “la instalación de dispositivos que interfieran, intercepten o interrumpan cualquier forma de comunicación que tengan los trabajadores en la órbita de su vida privada al interior de la empresa, no sólo constituye una vulneración de derechos fundamentales, sino también un delito de acción penal pública”.
La consulta fue la primera en su tipo y abrió la interrogante en el mundo laboral de qué tan cercanos estamos del arribo a Chile de tecnologías a los contextos laborales más allá de las cámaras de televisión, los controles de drogas o la revisión de pertenencias que ya son una realidad en algunas organizaciones.
Una de las más “revolucionarias” en el último tiempo ha resultado ser la tecnología de los identificadores por radiofrecuencia (RFID), cuya característica más destacada es la posibilidad de asociar un identificador único y otra información (utilizando un microchip) a cualquier objeto, animal o incluso persona y leer esta información a través de un dispositivo inalámbrico.
Así, por ejemplo, la compañía de marketing digital belga Newfusion implantó a ocho empleados un “chip” bajo la piel que funciona como llave para abrir puertas o acceder al computador, abriendo el debate de los límites en juego en medio de la inminente revolución tecnológica que se avecina.
Ciencia ficción o realidad
¿Pero qué tan cerca estamos en Chile de esta “invasión”?
Actualmente, estos conflictos han sido solucionados aplicando el principio de proporcionalidad, que consiste en si el medio empleado cumple con una finalidad legítima con el menor sacrificio posible del derecho fundamental en colisión y por medios acordes para cumplir con dicha finalidad.
De hecho, en línea con el reciente pronunciamiento, en 2008 la DT resolvió una controversia respecto de un sistema computacional denominado WIN VNC (Virtual Network Computing) que sirve para controlar el escritorio de un computador de forma remota desde otro equipo, bastando mantener el aparato encendido y el programa instalado.
Y si bien no existirían referencias respecto al uso de los RFID como un mecanismo de control que ejecute el empleador en el contexto laboral, para el director del grupo laboral de Albagli Zaliasnik, Jorge Arredondo, es previsible que -ya sea por medio de esta tecnologías y otros mecanismos-se avance en sistemas que se destinen a un control de la actividad del trabajador.
Por ejemplo, dice, eso puede ocurrir con los GPS instalados en autos institucionales que permiten una geolocalización instantánea del trabajador, o el GMS -Global System Mobile- puesto que al ser portado por el trabajador permitiría, por ejemplo, tener noticia de los lugares que éste visita en sus tiempos de descanso, en sus pausas de trabajo, dónde fuma un cigarrillo, etc.
“El tema de la ‘intimidad locativa’ será un desafío para conjugar las legítimas facultades empresariales con las garantías constitucionales de trabajador”, asegura el abogado.
Con todo, ¿la legislación está preparada para eventuales casos de este tipo o deberá ajustarse de forma obligatoria?
Arredondo reconoce que es de la opinión de regular normativamente estos avances tecnológicos. “Ello, porque, por ejemplo, la actual discusión respecto de si la automatización de procesos es o no un “reemplazo” de trabajadores en huelga deja en evidencia que nuestra legislación no tiene en mente las nuevas realidades tanto de las empresas como de los trabajadores, dejando estas materias a la interpretación tanto administrativa como judicial”, explica.
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