A pesar que el Ejecutivo pretende despachar “lo antes posible” el proyecto de reforma laboral, durante los últimos días la discusión se ha entrampado, dejando en evidencia una vez más las fuertes tensiones dentro de la Nueva Mayoría.
De hecho, el martes se decidió postergar el ingreso de los ajustes hasta la próxima semana. Y, aunque los senadores oficialistas son optimistas y se muestran confiados en que el martes se ingresarían los perfeccionamientos para así despachar el miércoles el proyecto desde la comisión de Trabajo a la de Hacienda, desde el gobierno decidieron poner paños fríos y no comprometer fechas.
Tras un almuerzo con senadores de la Democracia Cristina, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, aseguró ayer que “queremos sacar una buena ley para nuestro país en materia de relaciones laborales y nos demoraremos lo que tenemos que demorarnos”. Y agregó: “No queremos poner plazo (...) El Ejecutivo quiere lograr sacar lo antes posible este proyecto, pero lo haremos una vez que estemos listos”.
Aunque Rincón aseguró que cada día junto al ministro Valdés han acercado posiciones, las diferencias en el bloque oficialista se han hecho evidentes en los últimos días ante la falta de consenso frente a dos puntos polémicos: huelga y pymes. Ambas materias, aunque sólo serán abordadas la próxima semana, continúan generando distancias y amenazan terminar en una eventual comisión mixta de no ser consensuados previamente. Por esto, el gobierno ya busca los votos necesarios para que no se derribe en la Sala todo lo avanzado en la comisión de Trabajo tras el ingreso de indicaciones de septiembre.
A esto se suma que la oposición presentaría formalmente las reservas de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional una vez que el proyecto sea despachado del Congreso.
En específico, en materia de huelga, los nuevos perfeccionamientos que ingresará el Ejecutivo en los próximos días mantienen el principio que ésta será efectiva y sin reemplazo. En este punto sólo se contemplaría clarificaciones cómo funcionaría el mecanismo de las facultades administrativas del empleador y especificando prácticas antisindicales para limitar alternativas de reemplazo de trabajadores que puedan usarse. Mientras, la mantención del quórum mínimo de 8 trabajadores para formar un sindicato en las micro y pequeñas empresas estaría ya consensuada, aunque introduciendo una exigencia de representatividad de 50%.
La senadora Adriana Muñoz señaló que ayer en la comisión de Trabajo se estableció como práctica antisindical cuando el empleador acuerda con trabajadores ajenos al proceso de negociación, extender los beneficios.
Lo otro es que no constituiría práctica antisindical el hecho que el empleador pueda en forma individual con trabajadores acordar algunas materias que fueron convenidas en la negociación colectiva, fundamentalmente en lo referido a aumento de remuneraciones.
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