Desde 2010, solo ocho denuncias por contradecir la ley de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres han llegado a los tribunales de justicia. Así lo reveló el director del Trabajo, Christian Melis, al exponer la semana pasada ante la comisión de Trabajo del Senado que estudia modificaciones a la ley sobre igualdad salarial.
La moción parlamentaria tiene como trasfondo la constatación de que la obligación de hacer una denuncia escrita ante el empleador y el principio de igual remuneración por un mismo trabajo han hecho casi “impracticable” el espíritu de la normativa.
Melis evaluó que la actual redacción legal adolece de un “problema de eficacia real o práctica” que la ha convertido en “letra muerta”.
Según cifras de Comunidad Mujer, expuestas en la instancia, el país ocupa el lugar 133 entre 135 naciones en el ranking 2016 sobre este fenómeno elaborado por el World Global Gender Gap Report.
Esto significa que en el país la brecha salarial entre ambos sexos es del 31,6% en desmedro de la mujer. En la práctica, ellas perciben $ 357,5 menos que ellos por cada hora trabajada.
La intención legislativa es hacer viable la denuncia -haciéndola confidencial- y agregándole al concepto de “mismo trabajo” una segunda noción de “un trabajo al que se le atribuye un mismo valor”.
Para determinar que a un trabajo se le atribuye un mismo valor que a otro, “se tomará en cuenta la existencia de similares requerimientos, tales como la naturaleza de los servicios prestados, requisitos de formación exigidos para su ejercicio, condiciones laborales, responsabilidades que se ejerzan, etc.”.
Una vez verificada la discriminación salarial, no sólo dará lugar a una multa sino, además, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias para corregir las arbitrariedades detectadas.
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