Paulatinamente comienza a subir la temperatura de cara al inicio de la discusión presupuestaria, considerando que el 30 de septiembre -fecha límite constitucional para ingresar el proyecto al Congreso- está a la vuelta de la esquina.
La oposición comienza a desplegarse en lo que promete ser una intensa discusión del primer erario fiscal elaborado por la administración de José Antonio Kast, en medio de un complejo escenario económico, el refuerzo de las medidas de austeridad en el sector público y presiones para que La Moneda entregue medidas de apoyo para revertir un desempleo que se empinó a 9,5% en el trimestre finalizado en julio.
Uno de los insumos para el debate -y que ya circula entre las filas opositoras- será un estudio elaborado por el centro de pensamiento Rumbo Colectivo (ligado al Frente Amplio) donde se analiza una de las principales medidas económicas adoptadas por el gobierno entrante en marzo: el recorte del gasto público, con la idea de llegar a US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses de mandato.
En marzo de 2026, se instruyó rebajar de manera lineal un 3% el gasto total de cada ministerio, más una rebaja adicional de US$1.000 millones focalizada, sin señalar ningún criterio técnico de factibilidad o eficiencia del gasto, ni si afectaría o no a las prestaciones sociales. En mayo, se indicó que el recorte se materializaría en decretos por $1.306.729 millones y en otros por venir; sin embargo, gran parte de esta meta no se ha ejecutado", parte señalando el documento, que revisó los miles de decretos de modificación presupuestaria tramitados por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) y tomados de razón por la Contraloría General de la República.
Coherente con lo anterior, en base a la información pública en la web de Dipres al 4 de septiembre de 2026 y de la revisión de los decretos desde el 11 de marzo en adelante, Rumbo Colectivo plantea que no todos los recortes de gasto han sido posibles de ejecutar.
Así, identifica a lo menos cuatro partidas tuvieron aumentos de presupuesto en lo que va del año, pese a la instrucción de un recorte parejo. Se trata de la cartera de Interior, con $ 21.688 millones en recortes anunciados vía oficio que contrastan con el aumento de presupuesto por $ 213.422 millones que consta en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre; Salud, con $ 435.314 millones en ajustes que, en cambio, derivaron en $ 298.021 millones de alza de presupuesto; los Gobiernos Regionales (Gores), con incrementos de recursos por $ 26.400 millones pese el recorte inicial anunciado; y Seguridad Pública, que si bien no fue afecto a la disminución generalizada de otros ministerios, sí se le contabilizó un aumento de fondos por $ 30.000 millones en el período.
Los ajustes mayores a lo esperado
Rumbo Colectivo también analizó el resultado en partidas que se les ejecutó un recorte presupuestario mayor al anticipado por Hacienda y Dipres.
Estos son principalmente los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Culturas, las Artes y el Patrimonio, que fueron objeto de un sobreajuste de presupuesto por $ 71.893 millones y $ 10.363 millones entre lo instruido vía circular y lo efectivamente recorteado, respectivamente.
En contraste, hay siete partidas que fueron objeto de menores reducciones en sus dineros versus lo anunciado: Economía, con una diferencia de $ 65.392 millones entre los recortes informados y los tramitados hasta el minuto; Educación, con $ 126.104 millones de brecha; Agricultura, con $ 12.229 millones de diferencia; Trabajo, con $ 26.963 millones; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con $ 9.827 millones; la Secretaría General de Gobierno (Segegob) con apenas $ 439 millones; y el Tesoro Público, con una brecha de 39.574 millones.
También existen ministerios o partidas que ejecutaron recortes en línea con lo anunciado, como la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Minería, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio del Deporte, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Servicio Electoral.
En tanto, las partidas sin ajuste fiscal comunicado ni tampoco mayores recursos fueron Defensa, Poder Judicial y Ministerio Público. En tanto, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se había comunicado un ajuste de $ 45.000 millones que no se efectuó y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solo se materializaron ajustes de financiamiento, no del gasto de estado de operaciones que tiene efectos en la meta de balance fiscal.
Gasto operativo versus inversión
En el marco del debate por el inminente anuncio de un plan de reactivación económica y laboral de parte del gobierno, el informe de Rumbo Colectivo también se centra en cuánto del ajuste del gasto fiscal se concentra en el gasto operativo -o corriente- y cuánto en el de capital -inversión pública y transferencias de capital-.
¿El resultado? Del total de la reducción, un 72% ($ 706.391 millones) se concentra en gasto de capital, mientras que el gasto corriente solo representan un 28% ($ 270.998 millones), dado que el recorte en infraestructura resulta más sencillo, pues, en lo inmediato, no se afectan prestaciones sociales a personas, dice el documento.
"En términos de gasto de capital, el ajuste fiscal ha sido principalmente en inversión pública. Se observa la tasa más baja de avance de los últimos años. Todos los ministerios bajan su tasa de ejecución con respecto a los recursos otorgados por Ley de Presupuestos. Si bien la ley contemplaba menor volumen de recursos que los años anteriores (-5,8%) para la inversión pública, eso no explica la gran caída acumulada a julio (-14,2%). Además, la mayor parte de recursos son de proyectos ya iniciados, por lo que las posibles explicaciones recaen más fuertemente en la gestión", recalca Rumbo Colectivo.