De acuerdo con los registros del Ministerio de Economía, son 14.823 las pequeñas y medianas empresas (PYME) afectadas por la violencia del conflicto social, con lo que estiman que unos 75 mil puestos de trabajo se verán impactados.
En medio de este contexto, el comportamiento de pago hacia este segmento está siendo monitoreado con atención desde el gobierno.
A casi siete meses de la entrada en vigencia de la Ley de Pago a 30 días, se evidencia que los acuerdos de excepción contemplados en la norma continúan decreciendo. Dichos pactos establecen la posibilidad de extender el plazo de pago en caso que no exista un abuso para el proveedor.
Según los informes del ministerio, en noviembre el total de acuerdos cayó 32,4% respecto a octubre, al llegar a 1.435.
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Del total suscrito, el 53,4% corresponde a acuerdos establecidos por las PYME al momento de comprar a una compañía de mayor tamaño, lo que es valorado por la autoridad.
Un 8,9% se origina cuando una gran empresa solicita a su proveedor de menor tamaño que extienda el plazo, lo que es mirado con atención desde el ministerio.
“En general, tenemos una evaluación positiva porque las Pymes se han visto favorecidas según los últimos datos. Sin perjuicio de eso, hay algunos casos en que dichos acuerdos implicarían un eventual financiamiento de empresas de mayor tamaño a costas de otras pequeñas. Eso nos preocupa, y estamos revisando alternativas para evitarlo”, señaló el ministro de Economía, Lucas Palacios.
Entre empresas de igual tamaño la proporción respecto del total es de 33,4% entre grandes compañías y de 4,3% entre PYME. Estos últimos crecieron entre octubre y noviembre al pasar de 52 a 61 contratos suscritos.
El balance general, a juicio del secretario de Estado, muestra que la mayoría de los acuerdos favorecen a las PYME siendo ellas las que recurren a establecer más plazo para pagar. Esto, “no nos preocupan, por el contrario, nos tiene tranquilos”.
Como parte de las medidas para paliar los negativos efectos en el sector, se envió al Congreso una ley corta, que busca adelantar la obligatoriedad de pago a 30 días, la que estaba contemplada para febrero de 2021 en la Ley de Pago Oportuno original. La iniciativa se encuentra en segundo trámite y será revisada este jueves en la comisión de Economía del Senado.
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