La defensa jurídica del laboratorio Astrazeneca, representada por el abogado Manuel Bernet, recurrió hasta la Corte Suprema para intentar mantener bajo reserva los estudios de su vacuna contra el Covid en Chile.
Se trata del primer laboratorio que llega hasta el máximo tribunal del país luego que, el 20 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago le diera la razón al Consejo de Transparencia para que las empresas informen los estudios usados en sus vacunas.
El laboratorio dice que la información proporciona una ventaja competitiva respecto de sus competidores.
Los principales laboratorios internacionales que han suministrado las vacunas en el país -Pfizer, Astrazeneca, CanSino y la Universidad Católica en representación de Sinovac- iniciaron a principios de este 2022 una disputa judicial que tiene como objeto mantener bajo estricta reserva y confidencialidad los estudios de sus vacunas.
Por separado, los laboratorios presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago -entre el 24 y 25 de enero- reclamos de ilegalidad en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia, que ordenó la entrega de los ensayos clínicos e informes de los centros de estudios que realizaron el análisis de seguridad y eficacia de todas las vacunas que se aplican a la población en Chile, y que utilizaron los profesionales a cargo para fundamentar con criterios científicos la aprobación de uso excepcional de emergencia por urgencia sanitaria.
Frente a esto, las empresa recurrieron a la Corte de Apelaciones, la que resolvió hace una semana. “AstraZeneca Chile S.A., al hacer alegaciones genéricas no fue posible tener por acreditada en sede administrativa una afectación, presente y probable y con suficiente determinación, a sus derechos”, dijo el tribunal de alzada en su fallo.
“Tal como lo enfatiza el Consejo para la Transparencia, la publicidad de la información solicitada, con la limitación efectuada por el Consejo, no afecta los derechos ni vulnera la confianza legítima de la reclamante, por lo que no se configura la reserva esgrimida”, añadió la corte.
No obstante, el laboratorio presentó –ayer 26 de diciembre- un recurso de queja en contra de los integrantes de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Jorge Zepeda e integrada por Elsa Barrientos y por el abogado integrante Claudio García.
“Los ministros recién aludidos han infringido la ley incurriendo en faltas y abusos, lesionando gravemente los derechos de mi representada, por lo que solicito que esta Excma. Corte Suprema, por la vía de este recurso disciplinario, corrija las graves y manifiestas faltas y abusos cometidos por los ministros en la dictación del fallo y, en vista de ello, la deje sin efecto dictando otra en su lugar que acoja el reclamo de ilegalidad deducido por AstraZeneca”, dijo la empresa.
Añadió que lo solicitado se refiere a los informes y ensayos clínicos respecto de las vacunas desarrolladas por este laboratorio en contra del Covid-19, antecedentes que por su propia naturaleza –aseguró- permiten advertir que su entrega importaría acceder a información que tiene el carácter de secreta o reservada. Esto, dijo, en el entendido que constituyen antecedentes que guardan relación con información confidencial y estratégica de AstraZeneca y que, como tal, le proporciona una ventaja competitiva respecto de sus competidores.
“En definitiva, la develación de los referidos informes y ensayos clínicos permitiría dar a conocer la metodología particular de trabajo que mantiene AstraZeneca respecto de su vacuna contra el COVID-19, divulgando con ello algunos de los elementos más relevantes que permiten el desarrollo de su actividad empresarial”, sostuvo la empresa.
El requerimiento
El caso partió el 3 de junio de 2021, cuando llegó una solicitud por transparencia al Instituto de Salud Pública (ISP), en que se solicitó la mencionada información de los ensayos e informes del o los centros de estudios que realizaron el análisis de seguridad y eficacia de las vacunas usadas en Chile.
El ISP denegó el requerimiento, debido a la oposición a divulgar la información solicitada por parte de los terceros interesados, es decir, los laboratorios.
La solicitante -identificada como Pamela Vásquez Muñoz- recurrió ante el Consejo para la Transparencia para que se liberen los antecedentes, apuntando a su derecho de acceso a la información. “Es de suma relevancia para la comunidad científica y población general, de modo de dar legitimidad a las decisiones en salud pública, respecto al uso de vacunas y su uso de emergencia en la pandemia sanitaria”, dijo la firmante.
El 4 de enero de este año, el organismo acogió el amparo presentado por la solicitante, y ordenó la entrega de los informes y los ensayos clínicos de las vacunas. Para esta entidad, la información es de “naturaleza pública” y la publicidad de los antecedentes “no tiene el mérito de afectar el desenvolvimiento competitivo de los mismos, toda vez que no se ha explicado en forma pormenorizada y especifica cómo su comunicación puede afectar su ventaja competitiva en el mercado”.
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