Comienzan a emerger más detalles sobre la reforma a la Ley General de Bancos (LGB) que el gobierno envió ayer a trámite al Congreso. En particular, sobre el impacto que la normativa que aumenta las necesidades de capital de la banca en línea con Basilea III, tendrá en BancoEstado.
Acorde al informe financiero del proyecto, realizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la iniciativa implicará que BancoEstado requerirá aportes fiscales "extraordinarios" por hasta US$ 1.620 millones hasta el 2024.
"En cualquier caso, ello depende de las definiciones que tome la autoridad regulatoria respecto del nivel de ponderadores de los Activos Ponderados por Riesgo; y de la gradualidad para alcanzar los nuevos niveles de capital, entre otros aspectos", señaló el documento firmado por el director de la Dipres, Sergio Granados, quien recalcó que los efectos "directos" de la necesidad de mayor capital del banco serán incluidos en las leyes de presupuestos del sector público que correspondan.
Según había trascendido, las necesidades de capital adicional para la entidad presidida por Jorge Rodríguez Grossi ascendería a US$ 1.000 millones. El ingreso del proyecto fue oficializado durante esta mañana por la Sala de la Cámara de Diputados y está en condiciones de ser analizado por la comisión de Hacienda de esa corporación.
Otras modificaciones y gasto
El informe financiero de la Dipres identificó dos efectos fiscales del texto legal al margen de lo relativo a BancoEstado.
En primer lugar, se dispone el traspaso de los funcionarios que se desempeñan en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a la recién Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sin solución de continuidad. El traspaso de personal se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, transfiriéndose los recursos presupuestarios respectivos.
En este sentido, por concepto de personal, habrá un mayor costo fiscal en la creación de cinco puestos directivos (del II nivel jerárquico) que se traspasarían de la SBIF a la CMF, por un máximo de $ 92,8 millones. "El mayor gasto fiscal efectivo de cada año por este concepto dependerá de los funcionarios señalados que dejen sus cargos", puntualizó la Dipres.
El segundo costo se dará por el incremento de 120 UF a 400 UF anual de cobertura por persona de la garantía estatal a los depósitos, con la restricción de que para una única institución bancaria el límite será 200 UF.
Esto tendrá un impacto en los pasivos contingentes del Fisco. Así, la exposición fiscal máxima asociada al nuevo tope de garantía estatal pasará de 2,28% del PIB a 3,14% del PIB, en base a datos de diciembre de 2016.
"El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al Presupuesto de la Comisión para el Mercado Financiero y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los presupuestos anuales de la Comisión para el Mercado Financiero", concluye el texto.
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