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Colusión: ¿hasta dónde la reserva?
POR sandra burgos a. subdirectora
Por: | Publicado: Viernes 16 de diciembre de 2011 a las 05:00 hrs.
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La Fiscalía Nacional Económica es uno de los organismos del aparataje público en cuya esencia está su independencia para actuar. La ley que la rige (DL 211) establece que es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio, pero que se encuentra sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía.
Por eso, no debe llamar la atención que horas más tarde de que se realizaran los allanamientos en Cencosud, SMU, Tottus y Walmart, el ministro de Economía, Pablo Longueira, supiera perfectamente que no se trataba de una diligencia para recopilar información para la investigación por la colusión avícola, sino que de otra investigación distinta. De hecho, fue el ministro quien dio luces sobre hacia dónde iban los dardos, y no así la FNE que dijo que: “se realizaron diligencias en el marco de una investigación en curso, de carácter reservada, referida a eventuales conductas o prácticas que podrían ser contrarias al artículo 3° del Decreto Ley N° 211”.
Las dudas que surgen son las siguientes: ¿quienes pueden acceder a información en una investigación reservada? De acuerdo a la guía de investigaciones de la FNE, con conocimiento del presidente del TDLC se puede disponer en carácter reservado de una investigación, cuando la publicidad puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones o los derechos de las personas cuando se trata de la identidad de un denunciante o testigo cuya revelación pudiere acarrearle perjuicios, entre otras cosas.
Ante ello, una nueva pregunta, ¿además del fiscal y su equipo, quién más puede tener antecedentes de una investigación reservada? Cuando la FNE investigó hace unos meses a la industria avícola -que también tuvo el carácter de reservada- se allanaron las oficinas de las empresas, se incautaron computadores, pero jamás trascendió a la prensa, salvo semanas después. ¿Por qué ahora no se procedió de la misma forma? Son muchas las interrogantes que quedan abiertas y que es necesario aclarar, especialmente cuando existe una comisión que está evaluando cambios a esta institucionalidad. La reserva de los procesos, por tanto, no deberá quedar fuera de esta discusión.
Por eso, no debe llamar la atención que horas más tarde de que se realizaran los allanamientos en Cencosud, SMU, Tottus y Walmart, el ministro de Economía, Pablo Longueira, supiera perfectamente que no se trataba de una diligencia para recopilar información para la investigación por la colusión avícola, sino que de otra investigación distinta. De hecho, fue el ministro quien dio luces sobre hacia dónde iban los dardos, y no así la FNE que dijo que: “se realizaron diligencias en el marco de una investigación en curso, de carácter reservada, referida a eventuales conductas o prácticas que podrían ser contrarias al artículo 3° del Decreto Ley N° 211”.
Las dudas que surgen son las siguientes: ¿quienes pueden acceder a información en una investigación reservada? De acuerdo a la guía de investigaciones de la FNE, con conocimiento del presidente del TDLC se puede disponer en carácter reservado de una investigación, cuando la publicidad puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones o los derechos de las personas cuando se trata de la identidad de un denunciante o testigo cuya revelación pudiere acarrearle perjuicios, entre otras cosas.
Ante ello, una nueva pregunta, ¿además del fiscal y su equipo, quién más puede tener antecedentes de una investigación reservada? Cuando la FNE investigó hace unos meses a la industria avícola -que también tuvo el carácter de reservada- se allanaron las oficinas de las empresas, se incautaron computadores, pero jamás trascendió a la prensa, salvo semanas después. ¿Por qué ahora no se procedió de la misma forma? Son muchas las interrogantes que quedan abiertas y que es necesario aclarar, especialmente cuando existe una comisión que está evaluando cambios a esta institucionalidad. La reserva de los procesos, por tanto, no deberá quedar fuera de esta discusión.
