El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó revocar la paralización en el pago de boletas y pólizas de garantía de la quebrada empresa Claro, Vicuña, Valenzuela, decretada por la justicia. “Constituye un grueso error”, dijo la entidad en representación del Fisco de Chile y los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, entre otros organismos. No obstante, la justicia ya desechó la apelación por “no aportar antecedentes que hagan variar lo resuelto”.
A fines de noviembre, la jueza Cecilia Castro, del 9º Juzgado Civil de Santiago, acogió la petición de la liquidadora de la constructora, María Loreto Ried, que pidió paralizar el pago de los mencionados documentos a favor de 39 entidades, públicas y privadas: Aguas Andinas, Esval, Celulosa Arauco y Constitución, Comando Bienestar del Ejército, CGE, Minera Centinela, además de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Dirección Nacional de Vialidad (MOP), y varias gobernaciones regionales, Seremis y Serviu del país, entre otras instituciones.
Ried dijo que mientras no se liquiden los contratos, o no se tenga certeza respecto a la situación real de cada una de las obras que tienen asociadas estos documentos, el cobro de los mismos pasaría a ser un caso de una posible autotutela.
“Lo planteado por la señora liquidadora (…) constituye un grueso error y un desconocimiento de la normativa pertinente, especialmente aquella que rige a los contratos de obra pública”, dijo la abogada del CDE, Ruth Israel López, en un documento presentado a la justicia el 28 de noviembre.
Detalló que se han otorgado como garantía de fiel cumplimiento de los contratos, boletas y/o pólizas de garantía en favor de organismos públicos, a fin de salvaguardar el estricto y correcto cumplimiento de los acuerdos suscritos con cada uno de los contratistas. “Esta modalidad de construcción con garantía ha permitido el desarrollo de grandes obras de infraestructura como puentes, carreteras, edificios, viviendas sociales, etc.”, dijo.
Añadió que, frente a una situación de liquidación voluntaria como la de CVV, resulta de vital importancia que se puedan hacer efectivas las garantías de fiel cumplimiento a fin de darle continuidad a la obra.
“Frente al incumplimiento de las obligaciones del contrato -en particular, el abandono de la obra-, los organismos mandantes deben contar con los recursos suficientes para terminar la obra que quedó inconclusa y/o volver a licitar la misma”, sostuvo la abogada.
A modo de ejemplo, el CDE sostuvo que, por el sólo hecho del abandono de la obra, los organismos públicos podrían demorar entre 1 y 2 años en volver a adjudicar la obra para su conclusión, con todos los costos que esto trae aparejado.
“Es decir, contando con los recursos emanados de las boletas o pólizas de garantía de fiel cumplimiento, los organismos mandantes podrían demorarse entre 1 y 2 años para retomar las obras. ¿Se imagina cuanto podría demorar si no se contara con los recursos suficiente para volver a licitar? Claramente sería mucho más tiempo”, sostuvo.
Detalló que en esta situación de abandono de obras, se encuentran obras como la Terminación del Puente Bicentenario-Tercera Etapa, Región del Biobío (que a la fecha lleva un atraso respecto del avance programado del 86%), y la Construcción del Edificio Sector Justicia, en la Región de O’Higgins.
“Que la empresa abandone una obra o varias, como ocurrió en la especie, significa un grave impacto para la comunidad que se beneficia de esa obra, ya que el plazo para retomar la misma como ya se señaló, puede extenderse por años, en gran medida por la necesidad de financiar la misma”, sostuvo el CDE.
Además, afirmó que las obras abandonadas son usualmente vandalizadas, lo que -dijo- significa aún más costos al Estado. "En consecuencia, limitar o suspender el cobro de las boletas y pólizas de garantía, conculca el derecho de esta parte fiscal, a que se puedan concretar obras de gran importancia como las nombradas”, afirmó.
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