Partió la disputa tras la quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV). El lunes, tras una junta de aportantes, el Fondo de Inversión Privado (FIP) Vantrust CVV II concretó un llamado de capital por unos $ 1.200 millones a la serie subordinada del mencionado instrumento de inversión, en que participan personas relacionadas a la quebrada firma. El viernes vence el plazo y si no enteran las platas, se iría a la justicia.
La empresa tiene más de 1.400 acreedores y sus pasivos superan los US$ 60 millones.
El Fondo de Inversión Privado (FIP) Vantrust CVV II es el principal acreedor de la constructora, con casi el 15% de los pasivos de la empresa.
El FIP, gestionado por la administradora general de fondos ligado a Patricio Nazal, es el principal prestamista de la quebrada constructora ligada a las familias Claro y Vicuña, con casi el 15% de los pasivos de la empresa, con un monto de $ 6.551 millones.
El viernes, se llevó a cabo la junta de aportantes. Este fondo establece dos series de cuotas: subordinada (donde solo participan personas relacionadas a Claro, Vicuña, Valenzuela) y preferente (compuesta por una serie de clientes de la administradora de fondos).
Esta última se lleva un retorno del 0,7% mensual nominal; como contrapartida, la subordinada toma cualquier exceso, independiente del monto que pueda llegar a ser.
Además, el reglamento del fondo establece que la relación entre la serie preferente y subordinada debe representar siempre un 75%-25%, respectivamente.
En base a análisis estimativos del valor de liquidación, la administración del fondo estableció que la mencionada relación se rompió, por lo que se hizo el llamado de capital a la serie subordinada para que entere nuevos aportes y así reestablecer los mínimos exigidos en el reglamento.
De esta manera, la administración del FIP intentaría recuperar parte de las pérdidas que el fondo tuvo por la quiebra de la compañía, y nada menos que con aportes de personas del entorno de la constructora.
Los cinco días
Esta decisión fue comunicada en la junta de aportantes, según explican personas que participaron de la reunión, y no hubo ninguna objeción.
No obstante, aquí se podría abrir otra arista. Desde la vereda de quienes hasta ahora se han considerado personas relacionadas a Claro, Vicuña, Valenzuela en el FIP (los ya mencionados titulares de la serie subordinada), se está planteando que estos inversionistas y sociedades no tendrían tal calidad, por lo que no tendrían la obligación de enterar los aportes solicitados.
Desde el entorno de Vantrust afirman que esto no es así, y que desde el minuto uno en que se conformó el fondo quedó claro que estos inversionistas son vinculados a la constructora. Incluso, una fuente conocedora afirma que uno de los aportantes es una mujer que incluso figura en la Memoria 2021 de CVV.
Entre los aportantes del fondo también hay distancia. Los preferentes (clientes de Vantrust) le hicieron ver a los representantes de los inversionistas de la serie subordinada la eventual responsabilidad de la administración de CVV en la quiebra de la empresa. Se sostiene que la gerencia de la constructora nunca transmitió que podía haber graves problemas de liquidez, y que se enteraron un día antes de que la empresa tomaría el camino de la quiebra.
Por ahora, la administración del FIP esperará los cinco días que tienen los aportantes de la serie subordinada para enterar los recursos, plazo que vence este viernes.
Lo claro es que si no enteran los recursos frescos ya solicitados, la administración del fondo presentaría una demanda civil por incumplimiento.
En paralelo, se analizan acciones en el área penal, y se apuntaría a una presunta responsabilidad de la administración en la caída de la emblemática constructora, lo que, en todo caso, es rechazado de plano por los accionistas de la compañía, según explican personas de su entorno que piden reserva.
Además, hay al menos otros tres acreedores de la constructora que están evaluando distintos caminos a seguir para intentar recuperar la mayor cantidad de los recursos entregados a la constructora.
Las opciones que se analizan incluye eventuales demandas civiles y/o penales en contra de su administración.
Según fuentes consultadas, incluso habría una firma de origen asiático que buscaría responsabilidades penales en la quiebra de la constructora.
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