Se enteró por la prensa. La Municipalidad de Las Condes acusó una “indefensión absoluta” tras una demanda de la Constructora Sudamericana Chile (Cosud), que levantó un edificio de integración social en Avenida Cristóbal Colón Nº 7.337 y acusó a la alcaldía liderada por Catalina San Martín de incumplimiento de contrato por el mismo proyecto.
La empresa imputa a la alcaldía no pagar obras extraordinarias y adicionales como parte de la construcción del mencionado edificio de 15 pisos. Pide también que el municipio se haga cargo del alza en los materiales de construcción cuando se levantó la torre en medio de la pandemia. Con todo, solicitó el pago de indemnizaciones que superan los $ 2.150 millones.
Si bien la demanda es contra Las Condes, representada por su alcaldesa Catalina San Martín, la iniciativa fue impulsada bajo el mandato de Joaquín Lavín.
Según el expediente judicial, el municipio fue notificado de la demanda el 3 de febrero de 2025 y, dado que no la contestó en los plazos establecidos, fue declarado en rebeldía por el tribunal que lleva la causa.
No obstante, y luego de que Diario Financiero revelara la demanda el pasado 31 de marzo, abogados del municipio presentaron un escrito al tribunal en el cual solicitaron que se declare la rescisión de todo lo obrado.
¿El motivo? Así lo explicó el municipio: “Con fecha 31 de marzo de 2025, el Diario Financiero (Chile), publicó una nota denominada ‘Constructora que levantó edificio “social” demanda a municipio de Las Condes: acusa incumplimiento de contrato’ (…). Fue en dicho contexto, que el municipio tomó conocimiento de la existencia de este juicio, en el cual no ha sido legalmente emplazado”.
La defensa del municipio destacó además que, Catalina San Martín, su representante legal, en su calidad de alcaldesa, se encontraba el 3 de febrero de 2025, haciendo uso de su feriado legal.
“Cabe indicar que la falta de notificación válida de la demanda, ha dejado a la municipalidad en la indefensión absoluta, por cuanto no ha tenido la oportunidad procesal de formular alegaciones, excepciones o defensas a la demanda presentada por Constructora Sudamericana S.A., motivo por el cual se solicita la rescisión de todo lo obrado hasta la etapa procesal de notificación de la demanda”, pidió la abogada de la alcaldía, Alicia De la Cruz Millar.
La paralización
En su demanda, Cosud recordó que, el 20 de diciembre de 2019, mediante un decreto alcaldicio, Las Condes le adjudicó la licitación del edificio de integración (en que compitieron otras dos empresas), con un precio fijo de $10.961 millones.
Destinada a 85 viviendas sociales, postulable al Serviu Metropolitano, incorporó un centro comunitario de cinco pisos, con una terraza en el piso superior, y un auditorio municipal.
Según la constructora, el contrato se encuentra correctamente ejecutado y recibido a plena conformidad por la entidad mandante -la Municipalidad de Las Condes-, de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico del trato.
“El contrato experimentó una paralización o suspensión de obras, cinco modificaciones de obras y cinco modificaciones de plazo, todas debidamente aprobadas por la municipalidad -hoy demandada-, mediante los decretos y convenios”, dijo la constructora, la cual precisó que el motivo que justificó el aumento de plazo “dice relación con la paralización de obras producto de las cuarentenas decretadas por la autoridad”.
La empresa detalló que el contrato original tenía un plazo de 389 días corridos, sin embargo, producto de la suspensión y de los aumentos de plazo decretados por la autoridad, fue de 926 días corridos.
Luego, afirmó que, durante el desarrollo del proyecto y producto de la pandemia, se paralizó la ejecución física del mismo en virtud de las dos cuarentenas decretadas por la autoridad sanitaria competente. “La municipalidad le solicitó a Cosud dar continuidad administrativa y logística a la obra, con el objeto de mantener la infraestructura, maquinaria y equipos de terceros que prestan soporte directo en la faena, todo lo cual, naturalmente, debía pagarse”, dijo el privado.
Junto a esto, la constructora afirmó que su oferta fue efectuada en noviembre de 2019, pocos meses antes de la pandemia, la que, destacó, generó un aumento ostensible, considerable e imprevisible de los costos de construcción, llevando a muchas empresas a la insolvencia y posterior liquidación, voluntaria o forzosa.
Dado esto, según la constructora, resulta “del todo procedente” que el municipio aplique un mecanismo objetivo de reajustabilidad. “Cosud no puede soportar, exclusivamente, los efectos de la pandemia que implicó un aumento en los costos para la ejecución de las obras. Si así fuese, no existiría equilibrio contractual, una parte, soportaría todos los perjuicios y la otra, ninguno, lo cual configura un enriquecimiento sin causa”, dijo la empresa.
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