La batalla entre los dos mayores operadores de casinos del país no da tregua. Esta vez fue la chileno sudafricana Sun Dreams que, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), salió a reforzar su defensa en la demanda por prácticas desleales que interpuso Enjoy, tras la seguidilla de acciones judiciales que había presentado para revertir la adjudicación de licencias de juego en Pucón y Puerto Varas.
Si hace unas días Sun Dreams ya había hecho ver al TDLC que -a su juicio- la reorganización financiera de Enjoy demostraba que los retrasos en la construcción de los proyectos no eran por los recursos interpuestos por ella, sino "por la propia negligencia" de la firma de los Martínez, ahora la chileno-sudafricana abordó la solicitud de su competidora que busca prorrogar todos sus permisos de operación.
Al respecto, señaló que, por ley, solo se puede prorrogar por un año la entrada en funcionamiento de las salas, lo que Enjoy ya tiene autorizado. Por tanto, no habría legalidad alguna en solicitar más plazos, argumentó.
De todos modos, Sun Dreams agregó que, sin perjuicio de los cuestionamientos que en materia de legalidad merece la solicitud de Enjoy, reitera una vez más que, al margen de las contingencias nacionales, la verdadera razón de las dificultades la firma para desarrollar sus proyectos de casinos es debido "a las falencias propias de las ofertas que fueran formuladas en los procesos licitatorios correspondientes".
Y se defiende ante la demanda interpuesta, argumentando que su parte solo ha impugnado los procesos correspondientes de las ciudades de Pucón y Puerto Varas. Sin embargo, Enjoy solicita, además, "devolver" los permisos de casino de las ciudades de Coquimbo y Viña del Mar. "¿Por qué la demandante no ha implementado sus proyectos en Coquimbo ni en Viña del Mar si respecto de ellos no existieron los supuestos actos de competencia desleal que Enjoy imputa a Sun Dreams y sus filiales respecto de Pucón y Puerto Varas?", cuestionó la firma.
La única respuesta a ello, según Sun Dreams, es que la firma ligada a la familia Martínez se adjudicó los permisos de estas cuatro ciudades formulando ofertas inviables técnica y económicamente y excluyendo ilegítimamente a su competencia en la etapa licitatoria previa a la adjudicación, haciéndose de permisos de operación que hoy no pueden implementar y ofrece devolver.
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