A tan sólo dos meses que se cumpla un año desde que la Presidenta, Michelle Bachelet, promulgó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) -que regula el reciclaje- continúa en pleno proceso la creación de su normativa.
A la fecha, los únicos avances son la aprobación de tres reglamentos por parte del Consejo de Ministros, los que fueron sometidos a una consulta ciudadana que culminó en enero y recibió más de 300 observaciones.
Estos reglamentos aún deben ser ratificados por la Contraloría General de la República para su entrada en vigencia. Entre ellos, se encuentra el fondo para el reciclaje; que regula el movimiento transfronterizo de residuos, y el de procedimiento de la ley. Este último reglamento es el que sentará las bases para elaborar los decretos supremos que establezcan las metas de reciclaje de seis productos prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos, baterías, pilas, envases y embalajes.
Algo que ya arrastra un retraso importante, si se considera que el plazo estimado para su promulgación es de cuatro meses, hasta su publicación en el Diario Oficial. Esta tardanza, podría implicar que los decretos finalmente sean discutidos y aprobados en el próximo gobierno.
Así lo señala Ricardo Irarrázabal, abogado especialista en derecho ambiental y ex subsecretario de medio ambiente durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Si bien el ex titular de la cartera del ramo, Pablo Badenier señaló que el plazo para la elaboración de la normativa completa era de 12 de meses, el actual ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, estima que una vez aprobado el reglamento de procedimiento -uno de los tres que está a la espera de la toma de razón de la Contraloría- se podrán fijar las primeras metas de recolección y reciclaje.
Con ellas, esperaría “concluir el año con metas establecidas, al menos para uno de los seis productos priorizados por la ley”, afirma sin revelar cuál de los productos sería.
Subsidio a los municipios
Para el segundo semestre, en tanto, proyecta que una vez que la Contraloría ratifique el reglamento del fondo de reciclaje, “éste podrá comenzar a operar con un monto de $ 206 millones para el primer año, para apoyar a municipalidades a que se sumen a la gestión de residuos, hagan estudios e impartan educación ambiental”.
Este fondo sumará más de $ 2.000 millones al quinto año de implementación de la ley.
Sin embargo, este subsidio a los municipios no tiene a todos contentos. Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), señala que están en desacuerdo con que el fondo de reciclaje autorice a los municipios a solicitar, sin concurso público, recursos al Ministerio de Medio Ambiente para realizar pre tratamiento de residuos.
“El peligro es que, además de la recolección que hacen las municipalidades, se extiendan hacia el pre tratamiento y sin ser licitado. Estamos hablando de un convenio subsidiado por el ministerio para que crezca su negocio”, explica.
Añade que lo grave, es que sea sin licitación, pues los operadores que hoy hacen pre tratamiento, “podrían desaparecer y las municipalidades podrían absorber ese libre mercado”.
También tiene aprensiones respecto del reglamento transfronterizo y sobre cómo opera la venta al exterior de los residuos no peligrosos.
“Se exige señalar a qué planta de tratamiento irán los desechos y que éstas firmen cuando los residuos hayan sido valorizados, lo que es muy difícil”, apunta y explica que el Estado no se ha modernizado, continuando con procesos burócraticos e ignorando lo dinámico que es el mercado.
En tanto, Irarrázabal coincide en que los fondos entregados a municipios será un tema complejo, pues a pesar de que aún se desconoce el monto que podrían adjudicarse, esto representa una ventaja por sobre los otros actores, lo que podría generar un mercado “no muy competitivo”, lo que en la práctica podría traducirse en “una distorsión o mayores costos a los sistemas de gestión para desarrollar sus actividades”, recalca.
A futuro, Irarrázabal estima que la elaboración de la normativa se complejizará aún más, puesto que los decretos de recolección y valorización tendrán un impacto económico y social mayor que estas primera definiciones.
A su juicio habrá que estudiar especialmente el tema de la libre competencia y también la realización del cálculo de cuánto significa implementar las metas respecto del precio de los productos.
“Acá no sólo es la responsabilidad de los productores, sino un aumento del precio que si no se hace correctamente, ese porcentaje puede tener implicancias en los consumidores y también en las Pymes cómo las impactará”, advierte.
La experiencia alemana se conocerá en Chile
Hace 20 años que Alemania tiene regulaciones para el fomento de reciclaje a nivel domiciliario y empresarial. Prueba de esto es que en las últimas mediciones de la OCDE destaca como el con mayor porcentaje de reciclaje, valorizando el 65% de sus residuos (Chile sólo recicla el 4%, posicionándose en el penúltimo lugar).
Para compartir la experiencia de un mercado maduro, una delegación de empresas alemanas- apoyadas por los ministerios de Energía y Economía de ese país y dedicadas a las tencologías para manejo de residuos-, visitarán Chile el 4 de abril, en el marco de un foro organizado por la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria A.G. (CAMCHAL), donde se reunirán con actores del mercado local.
Conerlia Sonnenberg, gerenta general de CAMCHAL, señala que el objetivo es que las empresas conozcan el escenario actual del país, sus necesidades, actores, desafíos y reglamentos. "Estamos en la fase inicial de interacción, debemos explorar posibilidades de win win (...) nuestra meta es lograr una primera absorción de conocimiento y establecer contrapartes", precisa.
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