Respaldo, pero también nuevos temas asoman en la discusión del proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas en la comisión de Minería y Energía del Senado, instancia que acordó ayer votar el lunes el texto que está con discusión inmediata y que busca mitigar alzas en las cuentas de la electricidad.
Si bien hubo amplia valoración al articulado debido a la urgencia de detener las alzas y frenar la deuda con las empresas generadoras, Transmisoras de Chile sumó un ingrediente al debate. Acusó una omisión importante en el proyecto y que este último no ayuda por igual a todos los segmentos. Su director ejecutivo, Javier Tapia, solicitó incorporar una norma transitoria que prorrogue la vigencia del decreto tarifario de calificación y valorización de instalaciones de transmisión del período 2020-2023.
“No tiene impacto en la tarifa alguno, soluciona un problema grande del sector transmisión que hoy es un sector crucial para efectos de la transición energética. No es un tipo de mecanismo que vaya a enturbiar de algún modo la tramitación de este proyecto”, defendió la propuesta el dirigente.
Acera recogió los dichos. “Lo expuesto en relación a un congelamiento en la valorización de instalaciones de transmisión es precisamente contrario al espíritu de este proyecto de ley que busca solucionar las complejidades originadas precisamente en un congelamiento de tarifas que afectó al segmento de la generación hace unos cuatro años atrás”, cuestionó la directora ejecutiva del gremio, Ana Lía Rojas.
En caso de ser aprobado el proyecto, Rojas llamó a que se realicen los mejores esfuerzos para su oportuna ejecución y cumplimiento en cuanto a la dictación de reglamentos, resoluciones y decretos en los plazos que se requieren, examinando la pertinencia en este último caso de que sean exentas de toma de razón o en algún otro tratamiento equivalente. Y añadió que “es necesario tomar en consideración cualquier ajuste al proyecto desde el Ejecutivo que evite una posible sobre recaudación para evitar alzas de cuentas innecesarias”.
Según fuentes al tanto de la discisión, el Gobierno está estudiando las indicaciones levantadas en la sesión y, en caso de ser consideradas, quién debiese presentarlas (si senadores o el Ejecutivo). Esto se decidiría a más tardar el viernes y los ajustes pueden ser presentados el mismo lunes.
Ramón Galaz, de Valgesta, alertó que con el proyecto se genera un riesgo de sobre recaudación, entre US$ 1.000 millones y US$ 1.200 millones, lo que lo hace ineficiente. Y sostuvo que el subsidio hoy está financiado en 83,3% por los clientes finales y en 16,7% por el Estado: “Debiese ser un cofinanciamiento en partes igualitarias, al menos”.
El académico Humberto Verdejo aseguró que no le complica que se sobre recaude, “porque si queda más plata se puede utilizar para amortizar las variaciones futuras que van a tener los PNP”.
Respecto al diseño del subsidio, el ministro de Energía, Diego Pardow, reconoció que “el desafío que hemos enfrentado es que a la hora de encontrar acuerdos sobre los mecanismos de financiamiento, esos van a tomar tiempo”.Y admitió: “Hemos tratado de ser pragmáticos y poner encontrar una solución rápida que permita evitar que la deuda siga creciendo (...) Una vez completada esta tarea, estamos más que dispuestos a tener nuevas conversaciones sobre nuevos mecanismos de financiamiento”.
Sobre la idea de algunos diputados de renegociar contratos, Pardow señaló que aquellos que hoy tienen indexación al carbono responden a cerca de un 15% de la demanda regulada. De ese 15%, dijo, la gran mayoría vencen en diciembre de 2024: “El vencimiento de esos contratos está incorporado en el modelo que ya les hemos presentado. O sea, renegociar esos contratos, si uno fuera capaz de hacerlo muy rápido y anticipar eso, en meses, no tendría ningún impacto respecto al modelo”.
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Karen Peña
