Con el fin de aclarar una serie de observaciones, ENAP acudirá a la Contraloría para entregar más antecedentes a raíz de los cuestionamientos surgidos tras una auditoría realizada por el organismo.
En el documento -que aún está en una fase preliminar- se cuestionan conflictos de interés por la firma de un contrato con la empresa Dueik, la que está relacionada de forma indirecta con un miembro del directorio de la empresa.
Además, se ponen dudas por los gastos que implicó el cambio de oficinas corporativas, después que la estatal vendiera sus dependencias y arrendara nuevas cuya habilitación, según el documento, habría significado un gasto de US$ 5,8 millones.
Respecto del primer punto, la estatal explicó que una vez detectado el conflicto con la empresa Dueik, se tomaron las medidas del caso.
La proveedora -que es de propiedad del exmarido de la directora María Isabel González, y donde sus hijas además son accionistas-, fue eliminada del registro de proveedores de la estatal y fue impedida de reintegrarla por un periodo de cinco años.
Esto se concretó durante el segundo semestre de 2017, una vez conocido los detalles de una auditoría interna y de la Contraloría, donde se hizo un cruce de datos.
La firma aclaró que la directora aludida no estuvo en conocimiento de los contratos, los que involucraron recursos por $ 131 millones entre 2015 y 2017.
“Una vez que la directora se enteró del hecho, aclaró la situación en la instancia correspondiente y se les reiteró a los integrantes del directorio la importancia de conocer y aplicar la Política sobre Conflicto de Interés que rige en ENAP”, informó la empresa.
Arriendo de oficinas
Otro de los temas donde el organismo contralor encendió las alertas fue en algunos de los procesos intermedios para la venta del edificio y posteriormente el arriendo de nuevas oficinas.
Según arrojó la fiscalización, el directorio no habría dado su autorización explícita para la compra y pago de leasing que la estatal tenía con el Banco Santander de la propiedad en Vitacura
En la compañía explicaron que el directorio autorizó la venta del inmueble y posteriormente el arriendo de las nuevas oficinas, aunque no explicitó la necesidad de completar el pago del leasing para cerrar la operación.
Además, ENAP defendió la medida porque le permitió tener más recursos a la compañía y generar ahorros por $ 3 mil millones.
“El análisis final interno constata que la venta del edificio corporativo versus el arriendo de las oficinas actuales, comparando a valor presente las alternativas y no a valor nominal, significa un ahorro para la empresa estatal de 14.300 UF al año, y no una pérdida”, asegura.
Esto, dadas las reparaciones en climatización, ventilación, falta de disponibilidad de ascensores y poca luz natural que tenía el edificio.
“Para tomar la decisión, se realizó un análisis interno, incluidas las condiciones laborales, técnicas y financieras, para evaluar las opciones de remodelar las oficinas del edificio anterior versus la alternativa de vender dicho inmueble y arrendar nuevas instalaciones. Todo el proceso se hizo en forma transparente con acuerdo del directorio y de los trabajadores”, dijo ENAP.
La compañía aclarará también las observaciones sobre las dimensiones de la edificación. Las nuevas oficinas implicarán una reducción de hasta 1.400 m2, si se compara con las antiguas instalaciones. Esto respondería a una distribución equitativa con salas más amplias entre todo el personal.
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