Después de analizar los 348 comentarios que recibió la versión preliminar del Plan de Expansión de Transmisión eléctrica, que busca ir dotando al país de redes para trasladar de forma expedita y a costo eficiente de la energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) decidió acoger cerca del 30% de las observaciones y hacer cambios a los proyectos que se proponen.
Andrés Romero, secretario ejecutivo de la CNE, explica que si en una primera oportunidad se contemplaban obras por cerca de US$ 3.170 millones, ahora será por US$ 2.684 millones, es decir US$ 486 millones menos.
Romero destaca que haber hecho este proceso -con un informe preliminar que fue sometido a consulta- permitió ir haciendo ajustes que bajo el modelo antiguo habrían sido resueltos en el Panel de Expertos, organismo que dirime las disputas del sistema.
Agrega que hubo planteamientos que se acogieron totalmente, otros parcialmente y, finalmente, un tercer grupo que aun cuando la autoridad no compartía, vio que eran temas que requerían una discusión mayor.
“Esto implicó que se realizaran desde una serie de cambios en el diseño de algunas obras, hasta tomar grandes decisiones”, dice Romero.
Por ejemplo, se optó por dejar fuera de este plan la construcción de una subestación que contaría con un sistema de baterías de almacenamiento. Romero dice que están convencidos de los beneficios y legalidad de esta obra, pero creen que la discusión de cómo incorporar esta tecnología en los sistemas de transmisión aún no está madura.
Dice que desde marzo se comenzará a trabajar y discutir un reglamento para la planificación de la transmisión, donde uno de los temas que se discutirá con la industria es cómo incluir estos sistemas como parte de la transmisión, algo que ya se usa en países como Australia.
“Lo que más nos preocupó es que se planteó que esto era una intervención del Estado en el mercado eléctrico. Lejos de tener esa intención, lo vemos como un elemento más de eficiencia económica y seguridad para la transmisión. Por eso nos pareció importante darle tiempo a esta discusión y no llevarla a un Panel”, dice.
Cambios a megalínea
El otro punto que hubo variaciones fue respecto a la idea de construir una línea de transmisión de corriente continua de 1.470 kilómetros entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana, donde la autoridad recibió cuestionamientos por cómo llegaba a Santiago y sobre la real necesidad de impulsar ahora esta inversión, pensando que funcionará hacia 2030.
Sobre el primer punto, Romero explica que se harán cambios en el trazado, ya que antes se contemplaba pasar por zonas cordilleranas para llegar hasta Alto Jahuel, y ahora se irá -según propuso el Coordinador Eléctrico- al norponiente de la ciudad, a Lo Aguirre.
Adicionalmente, se reforzará la línea que ya existe entre Lo Aguirre y Alto Jahuel. “Esto permitirá el mismo objetivo que teníamos, que es mejorar las condiciones de seguridad de la Región Metropolitana, con tres centros de llegada de energía. Además, cuando exista mucha agua, la hidroelectricidad va a poder llegar hasta Arica y, por el contrario, cuando haya poca, la capacidad térmica y de ERNC va a poder llegar al centro-sur”, dice.
Esto, agrega, traerá el beneficio de estabilizar los costos marginales en torno a los US$ 40 el MWh.
Agrega que hacer esta megalínea es necesaria para que la transmisión no sea un obstáculo dentro de los diferentes escenarios de cómo se comportará el mercado eléctrico hacia 2030.
El costo, dice, será de 0,56 US/MWh, lo que es marginal respecto a los beneficios que tendrá.
La oportunidad de la línea fue una de las críticas de mineras, lo que podría llevarlas hasta el Panel de Expertos a discutir su conveniencia, pero Romero dice que se hizo un trabajo con los clientes libres para explicarles que es necesario empezar a trabajar desde ya en este proyecto, ya que concretar una iniciativa de estas características tomará cerca de 12 años.
Romero dice que esto le explicaron a organizaciones como el Consejo Minero y la Asociacion de Consumidores de Energia No Regulados (Acenor).
“Si no empezamos a trabajar en el escenario 2030, podemos tener problemas”, dice y agrega; “No tenemos duda que era una decisión que teníamos que tomar ahora”.
El titular de la CNE dice que “a las mineras les dijimos la ley establece que mientras no se fijen derechos en favor de terceros, la administración puede revertir sus decisiones. Por eso, es mejor tomar la decisión ahora y trabajar hacia el 2030 y si en unos años más nos damos cuenta que cambiaron las circunstancias, habrá tiempo para cambiar esta decisión. Pero si esta decisión la tomamos en dos o tres años más, vamos a estar atrasados y los costos de la congestión superan los 0,56 US$/MWh”, dice.
“Tenemos razonable confianza (de que no se llevará al Panel de Expertos), por los diálogos que hemos tenido tanto con Acenor como con el Consejo Minero, hoy se ve con ojos más positivos la construcción de esta línea. Además, recibieron con buena voluntad la señal de suspender el almacenamiento y vieron que no es una locura una inversión de 0,56 US$/MWh”, dice.
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