En agosto de 2015, la empresa de gas licuado Abastible demandó a Gasco y Lipigas. La firma ligada al grupo Angelini exige unos US$ 30 millones por gastos incurridos en almacenar y custodiar en sus instalaciones miles de cilindros de gas de propiedad de sus rivales, junto con solicitar el pago de las garantías asociadas a esos balones. Esto como efecto del traspaso de cilindros que realizan los clientes cuando compran gas licuado.
Durante el juicio -las partes fueron citadas recientemente para oír sentencia-, las demandadas Gasco y Lipigas acusaron a Abastible de retener "cientos de miles de balones" de ambas compañías.
Gasco se opone a pagar lo solicitado por Abatible y, más aún, cifró que el daño provocado por su competidora llega hasta los $ 24.657 millones.
Por su parte, Lipigas –firma ligada al grupo Yaconi-Santa Cruz y representada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre- presentó un informe preparado por Andrea Butelmann y Stephen Blackburn. Hace unas semanas, la exministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue citada a declarar como testigo. "Estimamos cuantiosos daños producidos por las conductas de Abastible (...) El monto total de todos estos perjuicios es de alrededor de $ 11 mil millones", dijo en el tribunal la experta.
No obstante, la defensa de Abastible, liderada por el abogado Raimundo Labarca, señaló que el informe adolece de una serie de falencias, errores y omisiones. "En definitiva, ha quedado acreditado que el Informe Económico mediante el cual Lipigas pretende acreditar los supuestos perjuicios, se encuentra construido sobre supuestos de hecho inexistentes, da cuenta de un análisis que prescinde de toda relación de causalidad, y adolece de graves y numerosos errores metodológicos", dice el escrito firmado por Labarca y Felipe Garcés.
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