Sigue el debate por el fallido piloto que impulsó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) el año pasado para vender cilindros de gas en el segmento minorista. En medio de los cuestionamientos, este lunes la titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, nuevamente abordó el tema aunque con una defensa más dura y dando cuenta de una iniciativa del Gobierno anterior que fracasó.
Resguardando el objetivo central que es llegar con balones de gas licuado, a menor precio que el mercado, la secretaria de Estado indicó que han decidido un cambio del modelo para hacerlo más efectivo y eficiente. Y lanzó: "Pero quiero señalar que esto no puede ser utilizado para tratar de echar abajo otras políticas públicas. Aquí se está llevando este debate a una sobreideologización brutal".
Según explicó la ministra, se está queriendo utilizar este caso específico, "cuyo objetivo ha sido hacernos cargo de entregar mayor competencia en el mercado y, por lo tanto, lograr bajar los precios del mercado".
Eso se está logrando -dijo- "con cuestionar o desacreditar la importancia de un pacto fiscal, con desacreditar el rol de cualquier empresa del Estado, desconociendo -por ejemplo- el rol que ha jugado el Banco Estado en el bolsillo familiar electrónico que ha sido a través de un convenio del Gobierno con Banco Estado para ejecutarlo y ha sido exitoso o el rol de otras empresas públicas". Esto, aludiendo a Metro, Codelco u otras.
"Y a través del cuestionamiento, el rol del Estado en el mercado o en la provisión de derechos fundamentales, darle mayor importancia o exclusividad al mundo privado. Y no podemos caer en eso", añadió.
Esto, a juicio de Vallejo, porque al final de cuentas el desarrollo del país requiere siempre de la colaboración pública privada y así se está haciendo -dijo- con el "Gas a Precio Justo", con la estrategia nacional del litio y con otras políticas públicas que han empujado y seguirán empujando como Gobierno.
Los dardos contra Gobierno anterior
La secretario de Estado puso un ejemplo para comprender "la utilización política que se está haciendo de este tema". Vallejo relató que en 2020, durante el Gobierno anterior, empezó a implementarse una plataforma de pagos centralizados del Estado para agilizar los pagos a proveedores. "Esa plataforma fracasó", sostuvo.
De hecho, explicó la autoridad, "se produjeron duplicaciones de pagos, lo cual significó un costo de $ 96 mil millones en pagos duplicados a proveedores. Y cuando la Dirección de Presupuesto (Dipres), que responde al Ministerio de Hacienda, detectó el problema de aquello, nadie criticó la implementación de esta política de innovación, sino que criticaron la suspensión de esta política, diciendo que el Ejecutivo no favorecía la innovación".
Sin embargo, advirió, "ahí se gastaron 150 veces más de recursos públicos por duplicación de pagos que lo que costó el proyecto piloto, además que fue pagado, fue gasto ejecutado y que sirvió como inversión inicial respecto de esta política".
Por esto, Vallejo recalcó que "esto demuestra que la intencionalidad no tiene que ver con necesariamente el cuestionamiento del plan piloto sino que estar llevando a la discusión a otro nivel para desacreditar toda política pública que involucre un rol del Estado en la garantización no solo de derechos sino que mejores condiciones de bienestar a la población".
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