Una antigua disputa que sigue sumando capítulos y que aún no logra tener un punto final es la que tiene como protagonista nuevamente al polémico gas inflexible.
Esta vez, organizaciones ambientales -Fundación Sociedades Sustentables, Fundación Greenpeace Pacífico Sur y la Organización Territorial Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia- presentaron el 22 de abril una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la que bloqueó los intentos que buscaban invalidar la Norma Técnica para Programación y Coordinación de la Operación de Unidades que utilicen Gas Natural Licuado Regasificado (GNL) de octubre de 2021 en su última actualización (aunque esta data de 2016).
La génesis de la ofensiva de las ONG ambientalistas comenzó el 21 de agosto de 2023 cuando presentaron una invalidación administrativa, la que fue acogida a trámite por la CNE, iniciando un procedimiento administrativo en que se concedió audiencia a los interesados para manifestar por escrito sus argumentos. Sin embargo, el 2 de febrero de este año la entidad rechazó la petición, lo que gatilló que las organizaciones presentaran siete días después una reposición contra la negativa y ante la misma institución liderada por Marco Mancilla.
Es la primera vez que el Segundo Tribunal Ambiental es solicitado para pronunciarse sobre una norma del sector eléctrico de este tipo.
Pese a la insistencia, la CNE rechazó la reposición el 15 de marzo. Pero la historia no se cerró ahí, ya que las organizaciones ambientales volvieron a la carga. Esta vez, decidieron insistir en su ofensiva en el Segundo Tribunal Ambiental, instancia especializada con sede en Santiago, siendo la primera vez que la instancia es solicitada para pronunciarse respecto a una norma del sector eléctrico de este tipo. Hasta este momento, la acción está en análisis de admisibilidad.
En concreto, interponen una reclamación en contra de la Resolución Exenta Nº 105 dictada por la CNE el 15 de marzo de este año, que rechaza el recurso de reposición administrativa de los ambientalistas contra la Resolución Nº 37 de la entidad, que a su vez negó el recurso de invalidación administrativa contra la norma en cuestión.
"Solicito a SS Ilustre admitir a tramitación la presente reclamación en conformidad al artículo 17 Nº8 de la ley 20.600 en contra de la Resolución Exenta Nº 105-2024 de fecha 15 de marzo de 2024, dictada por la CNE y, en definitiva se declare que la resolución impugnada no se ajustó a derecho en la parte que regula el gas inflexible, se deje sin efecto, y en su lugar se ordene la revocación parcial de la actual norma técnica eliminando la condición de inflexibilidad contenida, definida y regulada en dicho acto administrativo, con el objeto de que cesen sus efectos", indican las organizaciones en el escrito de 33 páginas.
Argumentos de la arremetida
Junto con recalcar que el Tribunal Ambiental es competente para revisar la norma técnica, las organizaciones recogen que desde su origen la norma técnica ha introducido la condición de inflexibilidad del gas permitiendo que las empresas de generación eléctrica que operen unidades de GNL puedan despachar prioritariamente en el sistema eléctrico nacional, frente a otras tecnologías menos costosas y más limpias. A lo que suma los intentos de la CNE de establecer -según dicen las reclamantes- "límites artificiales a la adopción de la condición de inflexibilidad, pues en la realidad las empresas generadoras hacían uso abusivo de la misma".
En esa línea, advierte que, "si bien la discrecionalidad de las empresas de generación para adoptar la condición de inflexibilidad continúa siendo bastante amplia, en la práctica su uso se ve limitado desde diciembre de 2021, lo que coincide con la fecha en la cual dos generadoras afectadas por la norma técnica presentaron una demanda contra la CNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)".
Las organizaciones apuntan a los efectos en las localidades donde se emplazan los dos puertos regasificadores en Chile. Sostienen que, con toda la carencia de información sobre la situación ambiental de Mejillones, "no es posible saber acerca de los riesgos o impactos que significa convivir con uno de los puertos donde llega el gas a Chile. Pero sí sabemos que la norma técnica solo aumenta el potencial del riesgo de que los impactos aumenten, al abrir la posibilidad de mayor importación de gas". A lo que añade que hay "razones para sospechar" que las descargas de GNL en el puerto de Quintero tienen responsabilidad en los episodios de intoxicación.
Se enfatiza que "la norma técnica es regresiva en términos ambientales y climáticos, porque prioriza regulatoriamente la generación eléctrica por gas, en desmedro de la generación a través de energías limpias, sin que exista ningún argumento que razonablemente justifique esa priorización".
"Si bien el plan de descarbonización apunta a cerrar termoeléctricas a carbón para cumplir los compromisos climáticos de mitigación adquiridos por Chile, resulta contradictorio que la CNE lo use como justificación para establecer mecanismos que favorezcan el mercado del gas, que si se compara en masa con el carbono, tiene 25 veces más capacidad de generar efecto invernadero", lanzan.
Por otra parte, advierten que, "si bien el Coordinador Eléctrico publica semanalmente información sobre las declaraciones de inflexibilidad, ésta no es realmente accesible". Esto, según se explica, porque la información es "completamente ilegible para cualquier persona que no esté altamente especializada en mercados energéticos". Además, señalan que es necesario contar con el programa "Plexos", también especializado, para poder consultarla.
Y rematan: "La norma técnica es una respuesta inadecuada ante una determinada problemática, que incumple con el Principio de Razonabilidad, puesto que los presupuestos lógicos no han sido correctamente considerados para su emisión. La norma técnica, tal como funciona hoy día, permite un abuso de la figura que trae consecuencias que generan riesgo ambiental y climático que no podemos soportar".
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