Después de un año y medio de análisis, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SIIS) decidió no quitarle la concesión a la sanitaria Essal en Osorno, tras el masivo corte de agua que afectó por casi 10 días a la ciudad en 2019.
El regulador indicó que la medida se tomó, ya que "los dueños de la empresa Essal (Aguas Andinas) vendido las concesiones de Osorno, y todas las restantes, a un nuevo dueño en octubre 2020 (Algonquin Power & Utilities), no se considera necesario proceder en este sentido".
Según explicó el superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, la nueva administración ha logrado cumplir con las exigencias.
"Considerando que los actuales dueños de la concesión, la empresa canadiense Algonquin Power & Utilities Corp., ha logrado mantener un estándar de continuidad y regularidad que no hace pertinente ni oportuno que sea alterado", señaló.
La autoridad recalcó que la caducidad "busca cambiar al dueño porque se ha perdido la confianza en ese concesionario, por lo tanto no es una sanción, sino que una medida regulatoria".
"Hemos visto que el objetivo de la caducidad se ha cumplido, es decir, llegó un nuevo dueño que está dando las garantías, se logro suplir todas las deficiencias del sistema productivo y la conclusión es que no procede recomendar la caducidad de las concesiones de agua potable al Presidente de la Républica", sostuvo.
De todas formas se confirmó la multa de 2.720 UTA ($ 1.700 millones) por los hechos ocurridos.
Essal presentó un recurso de reposición como defensa, pero el superintendente explicó que este fue rechazado. Recalcó que esta es la sanción más alta que ha realizado la SISS en su historia.
Rivas explicó que "la multa por 2.720 UTA es adicional a los $5.927 millones que la empresa debió pagar para compensar a los 47.519 usuarios afectados por este corte de suministro, en virtud de lo dispuesto por la ley del consumidor".
Reacción del ex dueño
El antiguo controlador de Essal, Aguas Andinas, señaló que respeta la definición de la autoridad y que "reafirma que el hecho que afectó a la comunidad no es representativo de la labor que la empresa ha desempeñado en la zona".
"La compañía siempre estuvo a disposición de la autoridad sanitaria para colaborar durante todo el proceso administrativo, buscando establecer con claridad que se trató de un hecho fortuito y que además no se cumplían los requisitos que exige la ley para caducar una concesión, tal como se planteó en los pliegos de descargos", indicó.
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