Una dura batalla espera a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Gloria Hutt, para convencer al Congreso de modificar la ley de subsidio a regiones conocida como Fondo Espejo del Transantiago; propuesta cuya redacción estaba contemplada en abril para pasar a manos del Presidente Sebastián Piñera antes de la discusión de la Ley de Presupuestos.
Sin embargo, la iniciativa que impulsa la titular ha sufrido un retraso en este cronograma que se debe a la dificultad que ha tenido su diseño.
El punto más complejo tiene que ver con el cambio en los roles que juegan el gobierno central y los regionales en las decisiones de gasto de los subsidios.
Según la ministra Hutt, esta situación es “compleja debido a las implicancias que podría tener una regulación tarifaria de alcance local en cada una de las regiones”.
En el esquema actual, el ministerio se encarga de la gestión de los fondos en el ámbito operacional destinados a financiar las tarifas, mientras que las autoridades regionales son responsables del desembolso de estos recursos en infraestructura.
A juicio del gobierno, esta fórmula no está funcionando, pues anualmente se destinan del orden US$ 800 millones a regiones sin resultados visibles que muestren mejoras en la calidad del transporte.
“Desde el ministerio lo que hacemos es rebajar la tarifa y a nivel local son los responsables de invertir, pero desembolsan en otras cosas. Creemos que nosotros debemos preocuparnos más por la infraestructura y ellos manejar la gestión de tarifa; sin embargo, es una discusión que podría ser bastante más compleja y no la tenemos resuelta internamente”, reconoce Gloria Hutt.
Destaca que los principales cambios que propondrá la cartera apuntarán a asegurar que los recursos vayan efectivamente a la mejora del estándar en transportes, tal como “era el espíritu de la ley” que data de 2009.
Dijo que se entregará al ministerio la responsabilidad sobre los activos como buses, terminales y estaciones de intercambio modal, mientras que las regiones manejarán las tarifas.
La ministra puso énfasis en que “la estabilidad financiera del sistema depende mucho de esta discusión y por eso nos preocupa”, agregando que el diseño de los cambios al Fondo Espejo del Transantiago podría afectar el precio de los pasajes del transporte público fuera de Santiago: “Las tarifas pueden subir o bajar”.
Respaldo en el Congreso
La gestión de la ministra en este tema debería tener resultados durante próximo año, ya que la modificación de la ley de subsidio a regiones debe estar estructurada antes de 2022, fecha en la cual se termina el actual fondo transitorio denominado Aporte Especial que cubre la mitad del presupuesto fuera de Santiago.
Sin embargo, a juicio del ex subsecretario de Transportes, Carlos Melo, las propuestas que lidera Hutt generarán resistencia en el Congreso y podrían retrasar más la tramitación de esta normativa desde el punto de vista político.“Es muy difícil que las regiones estén dispuestas a entregar recursos para que pasen a ser administrados por el gobierno central”, advierte.
En cuanto al objetivo del Ejecutivo de que la responsabilidad en materia de tarifas recaiga en los gobiernos regionales, Melo señala que será difícil que estos últimos homologuen la función que cumple el ministerio, y que esto provocaría alzas en los valores de transporte.
Melo agrega que los parlamentarios que votarán son en su mayoría de fuera de Santiago y, teniendo como telón de fondo la implementación de la ley de desentralización que permitirá la elección de los gobernadores regionales, “lo que pedirán es que todo sea administrado a nivel local”, dice.
No obstante, Gloria Hutt se mantiene optimista, pues para el segundo semestre espera que la iniciativa ingrese al Congreso para que en un plazo de un año pueda ser implementada.
Gloria Hutt, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
El destino de los fondos para las regiones
La ley de subsidio a las regiones tiene sus orígenes en 2009, luego de que un grupo de parlamentarios regionalistas exigieran un financiamiento idéntico al que realiza el Estado para el Transantiago, pero destinado a sus zonas respectivas.
A raíz de esto se creó un presupuesto, en igual monto, pero dirigido a mejorar las condiciones de transporte y conectividad en regiones. Un tercio de estos fondos lo administra el Ministerio de Transportes, mientras que los dos tercios restantes son distribuidos por los respectivos gobiernos regionales. El problema es que estos recursos cuya prioridad es financiar proyectos de transporte, en muchas ocasiones se están desviando a otras áreas.
Centros de salud familiar, cuarteles policiales, sedes sociales e incluso canchas de fútbol han sido financiados mediante el Fondo de Apoyo Regional, por lo que la actual titular de la cartera decidió cambiar la manera en que están previstos ser distribuidos y que el rol de inversión sea asumido por el gobierno.
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