Si bien se trata de un hecho denunciado en 2016 y que ya cuenta con el veredicto de la justicia, el caso de la triangulación internacional a través de la cual una empresa chilena importaba frambuesas congeladas comunes desde China para luego exportarlas de manera fraudulenta como productos chilenos con certificación orgánica a Canadá, aprovechando los acuerdos económicos bilaterales, adquirió ayer mayores implicancias a partir de un reportaje de la agencia Reuters.
Por un lado, el trabajo periodístico aportó nuevos antecedentes del esquema según el cual la firma china Harbin Gaotai Food Co Ltd. ingresó toneladas de berries entre 2014 y 2016 al mercado canadiense través de la firma local Frutti di Bosco -propiedad de César Ramírez- con una certificación falsa de frutas de primera calidad cultivadas en Chile, aprovechando el acceso facilitado por la autocertificación de productos establecida en el pacto comercial entre Canadá y Chile, que además permite una importación libre de aranceles.
Ronald Bown, Presidente de la Asoex. Juan Sutil, Presidente de la CPC.
“Esta es una situación que denunciamos en el mismo momento a las autoridades correspondientes, que debieran castigarla de la forma más enérgica. No puede ser que en un marco de autocertificación se produzcan este tipo de acciones que van absolutamente en contra del prestigio de Chile y de un sistema que tenemos que respetar”, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (ASOEX) Ronald Bown. Como lección de este caso, enfatizó que el objetivo es “evitar en el futuro esta grave situación que perjudica la imagen de nuestro país”.
El reportaje también puso en evidencia que –pese a la denuncia de una empresa involucrada, intervención de gremios y un proceso judicial- las autoridades del país del norte no recibieron la información de esta estafa por parte de sus pares de Chile.
Esta revelación generó las primeras repercusiones políticas. “Las autoridades del Ministerio de Agricultura y de Aduanas deben explicar qué pasó y porqué se guardó tanto silencio respecto a estas exportaciones”, dijeron ayer los diputados socialistas Emilia Nuyado, Jenny Álvarez y Jaime Tohá en una declaración, junto con señalar que convocarán a las autoridades con responsabilidad en la industria agroexportadora a una sesión especial.
“Resulta frustrante que las autoridades de Direcon, responsables de las relaciones económicas internacionales, al parecer no tomaron cartas en el asunto y, a nuestro entender, ni siquiera informaron a su contraparte canadiense”, señaló Jaime Roessler, gerente general Frutícola Olmué.
Esta empresa es una pieza clave del caso, ya que prestaba servicios de repackaging a los envíos de la denunciada firma Frutti di Bosco, y fue la que dio origen al destape del caso al hacer la denuncia en octubre de 2016 tras constar las inconsistencias en la información entregada por ese cliente. Esto, a partir de una auditoria interna ordenada por la administración de Frutícola Olmué como parte del holding Empresas Sutil –ligado al empresario Juan Sutil- tras adquirirla el año anterior.
“En la primera temporada bajo control nuestro, encontramos raro el origen de la fruta de esta compañía y al hacer un chequeo interno de toda la documentación, tomamos la decisión inmediata de proceder a hacer la denuncia ante las autoridades chilenas junto con nuestro gremio, además de hace ver esta irregularidad a nuestros clientes externos”, indicó ayer Sutil.
Consultado por la actuación de las autoridades de la época, el ahora presidente de la CPC señaló: “Las instituciones muchas veces se reflejan de acuerdo con quien las administra. En 2016 había otro gobierno, y son ellos quienes tienen la potestad de hacer o no las denuncias. Que las autoridades de aquella época no lo hicieran para nosotros es inentendible. Lo que pudo decir es lo que hicimos nosotros: descubrimos el fraude y lo denunciamos con toda la fuerza ante las autoridades”. Asimismo, sobre el desenlace del caso que llegó hasta la Corte Suprema y su sanción, Sutil indicó que “ la multa fue insuficiente y por eso colaboramos en la investigación de Reuters”.
En relación a los efectos de la divulgación de este caso en el sector exportador chileno, el timonel empresarial descartó impactos negativos. “Creo que la repercusión va a ser de una imagen positiva, por cuanto ratifica la transparencia y seriedad de las empresas, así como de un país serio que frente a un hecho denuncia e investiga. Obviamente es mejor que esto no suceda, pero cuando el escarmiento es duro y es público, creo que ayuda a cambiar”.
Aduanas y Direcon
Al reaccionar a la divulgación del caso, el Servicio Nacional de Aduanas, indicó que una vez recibida la denuncia en 2016, “activó los procedimientos de fiscalización respectivos, de lo que resultó la dictación de una sentencia condenatoria en materia penal en contra de un ciudadano chileno, por parte de un tribunal de justicia de Chile, la que nos cabe acatar. La investigación se desarrolló en el ámbito de nuestras competencias y con la profundidad que el caso ameritaba”.
Por su parte, la Direcon ha señalado al respecto que “no parece razonable concluir que la ocurrencia de un caso delictivo como este pueda llevar a concluir que constituye una suerte de mácula a las políticas públicas implementadas por Chile en torno al sector exportador. Por el contrario, revela que los procedimientos administrativos y judiciales operaron de manera plena”.
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