El fin del Estado de Emergencia no solo marca el cese del toque de queda, sino también la posibilidad de reanudar los procesos judiciales tales como los arbitrajes de concesiones de obras públicas, donde los privados y el Estado resuelven sus discrepancias.
Esto, porque la entrada en vigor de la excepción constitucional implicó que un total de 28 procesos arbitrales quedaran suspendidos en su etapa de prueba, de un total de 70 actualmente vigentes, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
Y si bien el Ministerio de Justicia publicó el jueves pasado una ley que mantendrá los juicios en pausa hasta el 30 de noviembre, la misma normativa estableció la posibilidad de que una de las partes en arbitraje pueda pedir la reanudación del proceso, abriendo así la puerta a las concesionarias para hacer esa solicitud.
“No tengo ninguna duda que las concesionarias van a preferir que los procedimientos se reanuden y las comisiones arbitrales, a su vez, insten también a que se retomen los procedimientos”, prevé Rodrigo Riquelme, socio del estudio Riquelme, Silva & Fuentes y experto en concesiones. En el caso de los privados, el abogado considera que las concesionarias estarán especialmente interesadas en retomar los períodos de prueba .
“Han esperado ya demasiado por causas que suponen mucho dinero, hay intereses en juego y los sobrecostos financieros se siguen acumulando”, señala Víctor Ríos, socio del estudio Molina Ríos, entre cuyos clientes se encuentra la concesionaria Nuevo Pudahuel. Explica que la posibilidad de solicitar la reanudación del período de pruebas establecida en la ley entrega “un punto de derecho, y en los términos como está redactada el tribunal no podría negarse; o sea, se puede solicitar la reactivación al tribunal y debiese acceder”.
Claves del nuevo marco
Riquelme indica que el propósito de la ley publicada la semana pasada es “evitar que al vencimiento del estado de excepción constitucional y por su no renovación, todos los procedimientos que estaban suspendidos en la etapa probatoria se reanuden automáticamente, y lo que vino a hacer es subsanar esa contingencia que se venía encima”.
Asimismo, recalca que la disposición referida a la realización del término probatorio trajo la novedad de que ahora las partes pueden pedir que se efectúe ese procedimiento desde ya a un tribunal civil -o de cualquier naturaleza incluyendo las comisiones arbitrales-, por lo que cada una de esas instancias se van a poder organizar según sus disponibilidades de tiempo. “De lo contrario, habría sido fatal con todos los plazos corriendo al mismo tiempo y no hay mano de obra para hacer eso”, indica.
Al respecto, Ríos plantea que detrás de la norma está el espíritu de propiciar que las partes puedan ponerse de acuerdo y hacer solicitudes coordinadas bajo cierta “cortesía profesional”.
“Aunque eso no esté en la ley, servirá para poder reactivar los juicios con cierta razonabilidad entendiendo el volumen material que se viene encima”, apunta.
Entre los factores que complicaron la reactivación de los períodos de pruebas de estos procesos, los abogados coinciden destacar la exigencia de una importante carga de trabajo como visitas a las obras, revisión de los comprobantes de gastos y declaraciones de testigos.
“Todas estas circunstancias llevaron a que era poco práctico y poco conveniente y, además, es la razón que se suspendieran los probatorios en general”, señala Riquelme.
Procesos en curso
En el sector de los aeropuertos, el principal proceso detenido por el Estado de Emergencia en los aeropuertos corresponden a la concesión del terminal de Santiago, a los que se suman los casos de Iquique y Arica.
En las autopistas, algunos de los contratos que tienen arbitrajes pendientes son los correspondientes a los proyectos Ruta 60 CH; Alternativas de Acceso a Iquique; Autopista Concepción Cabrero; Autopista Central y tres tramos de la Ruta 5: Puerto Montt-Pargua, Santiago-Talca y la concesión pasada de Talca-Chillán.
En esos procesos, las materias tratadas son indemnización de perjuicios e impugnación de multas. Los años de ingresos de estos juicios son 2017,2018,2019,2020 y 2021.
Uno de los procesos cuya continuidad está en duda es el Embalse Punilla -el cual está motivado por incumplimiento grave del contrato-, dado que las partes acordaron la salida de la empresa italiana Astaldi de la concesión.
Respecto a este caso, desde la Dirección General de Concesiones señalan que “el acuerdo está actualmente en su última etapa y va avanzando de forma correcta, de modo que si se ejecuta sin problemas lo que falta, el juicio del Embalse La Punilla no debería seguir”.
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