La consulta tomó fuerza. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) hizo un duro diagnóstico de las condiciones y efectos que puede generar la licitación de medición de rating que llevan adelante los canales de televisión abierta. Esto, en el marco de una consulta abierta por Exacta Research ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El organismo que dirige Ricardo Riesco no sólo dio un espaldarazo al proceso no contencioso que se lleva adelante, sino que expresó que es "imprescindible adoptar medidas que eviten la materialización de conductas exclusorias y explotativas".
En su análisis, la FNE estimó que aún cuando Canal 13, Mega, La Red, TV +, TVN y CHV, habían suscrito un protocolo de libre competencia, que buscaba anticiparse a estos problemas, este "no es suficiente para eliminar los riesgos".
El problema, describió el organismo, es que esas medidas no se extienden expresamente a la comisión que renovará el People Meter, ni tampoco a la empresa administradora del futuro contrato.
Esta situación, amplió la FNE, requiere adoptar resguardos "robustos" y "fiscalizables" respecto de los probables intercambios de información comercialmente sensible que se pueden dar los ejecutivos de los canales involucrados.
Con esto, durante la discusión en el TDLC se podrían debatir sobre posibles medidas, donde incluso los canales podrían presentar su propio paquete de mitigación.
El listado de riesgos
En un documento de 85 páginas, la FNE indicó al TDLC que hay varios puntos del proceso que se deben analizar. Por ejemplo, respecto a los riesgos de exclusión y de explotación derivados del acuerdo de colaboración, donde hay cláusulas sobre esquemas tarifarios que impedirían la entrada de nuevos competidores.
Esto, a su vez, tendría efectos en los canales más pequeños y en otras agencias de medios, que no forman parte del Comité Ad Hoc, que integran los seis grandes que llevan a cabo la licitación.
Este grupo evalúa las ofertas económicas y establece el contrato con el proveedor respecto de los montos a pagar para los integrantes. Lo anterior, sin considerar al resto de la demanda, generando distorsiones a la competencia en las industrias conexas, explicó la FNE en el escrito.
Un segundo tema que recomendó la Fiscalía es establecer condiciones comerciales en el contrato para evitar los riesgos de ventas atadas o reducciones discriminatorias de calidad del servicio, respecto del resto de los futuros clientes que son los canales más pequeños.
Es más, la FNE se adelantó y sugirió que se evaluara un modelo de alianza que se llama Joint Industry Comitte (JIC) que, según la experiencia comparada, permite mitigar todos los riesgos identificados, pues limita la interacción entre competidores, intermediando entre el proveedor y los demandantes del servicio, y también permite resolver los riesgos de conductas exclusorias y explotativas, mediante mecanismos colectivos de financiamiento.
Este esquema permite, primero, asegurar al proveedor pagos para cubrir sus costos de instalación; y segundo, que se redistribuyan esos montos de forma eficiente entre todos los demandantes, con métricas relacionadas con porcentajes de participación en inversión publicitaria.
Lo anterior, permitiría, según la FNE, que se "equilibren el acceso a este insumo esencial entre los distintos tipos de demandantes".
Los canales de TV ya se han enfrentado anteriormente al ojo fiscalizador de la FNE por temas de coordinación. En 2016, la industria acordó implementar una Red Integrada de Distribución Abierta (Rida), que contempla servicios de transmisión satelital en conjunto en el marco de la implementación de la señal digital, donde lograron un acuerdo con la autoridad para aplicar medidas que resguarden el traspaso de información comercialmente sensible.
Industria defiende características del concurso
para definir quién medirá las audiencias
Canal 13, TVN, CHV, La Red, Mega y TV+ también oficializaron sus posturas ante el TDLC. En sus escritos, los seis canales coincidieron en sus argumentos, detallando que habían contratado la asesoría de un tercero (3M3A), la cual les recomendó los cambios ejecutados a lo largo del proceso, y que son objeto de críticas por parte de Exacta Research, participante que abrió la consulta en marzo.
El abogado de La Red, Andrés Fuchs, destacó el acuerdo de colaboración que tomó la industria para disminuir los riesgos anticompetitivos, ya que establece un mecanismo de contratación de servicio individual por empresa. "El ganador ofrecerá estos servicios a cada uno de los canales bajo las mismas condiciones, pero cada canal será libre de contratar los servicios que libremente quiera, por sobre el servicio nivel 1, el que es considerado esencial", relató en su defensa.
Algunas empresas tuvieron posiciones más duras sobre los motivos de la consulta. Por ejemplo, Canal 13 esbozó que Exacta busca generar "presión" en los canales para que se sientan forzados a escogerlos como la nueva proveedora de los servicios de medición de audiencias.
"La única explicación que vemos es que Exacta busca obtener alguna ventaja o derechamente ser seleccionado, a cambio de no perjudicar un proceso que permitirá obtener un servicio de medición acorde al más alto estándar internacional", fueron las palabras de la representante de la señal, Carla Bordoli.
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