La Fiscalía Nacional Económica (FNE) y las empresas Soprole y Prolesur presentaron para su aprobación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un nuevo acuerdo extrajudicial que busca poner fin a su investigación por faltas a la sentencia de 2004, que impuso una serie de condiciones relativas a la pauta de precios de compra de leche a productores.
Esta nueva resolución establece otras medidas para impedir que se obstaculice la movilidad de los productores, ya que se constató la existencia de ciertas condiciones comerciales que se asemejaban entre las empresas del mismo grupo económico.
Por ejemplo, ni Soprole ni Prolesur deben fijar bonos que premien de manera retroactiva por crecimiento de volúmenes anuales o por crecimiento de volúmenes en invierno, ni otorgar mejores condiciones de pago por duración o permanencia como proveedor de la respectiva procesadora.
El TDLC ordenó también incluir en los contratos la posibilidad de que los productores puedan poner término unilateral a éstos, dando aviso con una antelación razonable y sin responsabilidad posterior.
Los compromisos
Soprole y Prolesur han realizado modificaciones en las condiciones comerciales establecidas en sus pautas de precio y contratos. Sin embargo, la FNE identificó cuatro espacios de mejoras en los documentos.
El primero es que las empresas no pueden establecer cláusulas o condiciones comerciales que puedan entenderse como obligación del proveedor de suministrarles la totalidad de su producción lechera durante la vigencia de la relación.
Además, la FNE expresó que en el futuro las pautas de precios, contratos, bonificaciones o pagos de Soprole y Prolesur no pueden depender exclusivamente de la firma de un contrato y/o mantención de la relación comercial.
Un tercer punto es que, en caso de que suscriban nuevamente contratos de suministro con productores, se debe establecer una cláusula de salida consistente en un preaviso máximo de 30 días, sin sanción alguna para el productor.
Y por último, las compañías deberán publicar en lugares visibles de sus respectivas páginas web un banner con acceso directo a una copia íntegra del Acuerdo Extrajudicial y mantenerlo disponible al menos durante seis meses.
Las procesadoras se comprometieron a adecuar sus pautas de precios y contratos, para mantener estricto apego a lo impuesto por la Resolución N° 57/2019, eliminando aquellas bonificaciones cuya estructura pudiera constituir o propender a reducir la movilidad de los proveedores, además de adecuar los plazos de término unilateral de los contratos sin responsabilidad posterior para los productores, entre otros compromisos.
El acuerdo extrajudicial debe ser aprobado por el TDLC, para lo cual el tribunal citó a una audiencia a desarrollarse el próximo jueves 9 de septiembre, a las 12:00 horas.
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