En 2022 vencen los períodos en ejercicio en los dos cargos más altos de libre competencia en el país: el de la Fiscalía Nacional Economía (FNE) y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Será el próximo presidente de Chile quien tendrá en sus manos la elección de las nuevas cartas que dirigirán ambos organismos y sus nombres deberán pasar por el filtro de la Alta Dirección Pública y la Corte Suprema.
Está previsto que en mayo sea Enrique Vergara quien abandone el TDLC, pues no puede optar a la renovación de su período. En tanto, el fiscal Ricardo Riesco puede volver a postular en diciembre y extender su liderazgo por otros cuatro años.
Sin embargo, desde la industria estiman que, en medio de los eventos políticos que están marcando al país y de un mayor nivel de polarización, existe una más probabilidad de que en la elección de estas posiciones técnicas pueda haber una mayor incidencia de consideraciones de tipo política.
Según cuatro fuentes consultadas, cualquiera que resulte electo como jefe de Estado debe tener en cuenta que la garantía del buen ejercicio de la libre competencia recae en generar condiciones para fortalecer el desempeño de sus titulares.
En su ensayo Los objetivos y estrategias utilizados para consolidar a la FNE como un servicio público confiable (2019), el exfiscal nacional, Felipe Irarrázabal, no solo repasó episodios de su paso por el organismo, sino también sus criterios para administrarlo. Por ejemplo, relata que a su llegada al cargo en 2010 decidió realizar sus funciones sin jefe de gabinete ni implementar cambios en las cúpulas. Esto, porque entró a dirigir un organismo de alto grado técnico con los profesionales más destacados en la materia.
Sobre el momento actual del país, el abogado indica que ve un deterioro en las instituciones en Chile, “desde La Moneda hacia abajo” -expresó-, pero excluyó de este escenario al TDLC y a la FNE.
Por eso es que respecto de la institucionalidad en libre competencia afirma que “es como un edificio que se va construyendo en base a las decisiones anteriores, un sistema dinámico preocupado de dar señales de predictibilidad para que los mismos regulados sepan qué cosas pueden hacer y cuáles no”.
Irarrázabal asevera que la libre competencia “conversa con su pasado histórico y esa forma de ver el negocio es muy institucional, nadie debería tratar de hacer cambios refundacionales”.
Desafíos institucionales
El exministro titular del TDLC hasta 2020, Javier Tapia, sostuvo que hay que pensar “en serio” la relevancia del sistema de libre competencia en Chile frente al contexto económico y político que enfrenta el país: “Se requiere una modernización constante para mantener las instituciones a la altura de los desafíos que plantean los cambiantes mercados modernos”.
En el caso del máximo tribunal, Tapia dijo que el alto volumen de trabajo demanda más presupuesto; la creación de una nueva sala, lo que probablemente implica la contratación de uno o dos ministros más, y mayor personal, que permitan mantener la calidad.
Irarrázabal, en tanto, agregó un nuevo ingrediente que aumentará la presión de los próximos titulares, sobre todo en el caso de la FNE. Y es que se sumará la entrada en vigencia de una nueva Constitución que -dijo- podría cambiar sustancialmente las reglas del juego del mercado. “Los tiempos que vienen no serán fáciles, porque el país está desordenado”, apuntó.
Y agregó: “La institucionalidad de libre competencia es sana porque Chile vive en la economía de mercado; entonces, si hay más intervención a través de regulaciones, el trabajo se podría hacer más complicado para las autoridades (FNE y TDLC)”.
De hecho, puso de ejemplo que Venezuela, en 1990, tenía las agencias de libre competencia más destacadas en esta materia a nivel latinoamericano, pero con el cambio de eje político eso perdió terreno.
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