Sin éxito terminó el último recurso para detener el proceso de licitación de cédulas de identidad y pasaportes, un contrato de varios cientos millones de dólares que ha generado alta tensión en la industria.
Esto, después que una de las participantes del proceso y actual operadora del servicio, Idemia, presentara un recurso de reposición en el Tribunal de Contratación Pública, donde insistió que el concurso debía ser detenido por supuestas falencias técnicas en las evaluaciones de las ofertas.
Este lunes, la instancia resolvió rechazar nuevamente la solicitud de suspensión del proceso, debido a que "no se aportan nuevos antecedentes que hagan variarlo resuelto por este tribunal".
La resolución va en línea con los argumentos del Registro Civil, que señaló que "la reposición de la demandante insiste y reitera los mismos antecedentes que ya fueron expuestos en su solicitud de suspensión y respecto a los cuales esta parte ya ha efectuado sus observaciones".
Otro punto que ha cuestionado el Registro Civil fue que Idemia, en su recurso, indicó que no habría perjuicio al patrimonio fiscal al detener el concurso "puesto que, el contrato vigente, no se financia con recursos públicos, sino por tarifas fijadas por el propio Servicio y pagadas por los usuarios".
Ante esto, la institución respondió que "Idemia reconoce expresamente que existe, con la suspensión, un perjuicio directo al usuario del sistema, quien no se verá beneficiado con la rebaja de tarifas que necesariamente sucederá al momento de ejecutarse el nuevo contrato adjudicado".
Además de rechazar la suspensión, el tribunal también resolvió sobre el recurso que presentó el Registro Civil donde le pidió a la instancia no presentar los anexos N°9, donde las empresas acreditaron sus experiencias, y las actas de Evaluación del Comité Administrativo Legal y del Comité Técnico que les habían solicitado, ya que el informe final que entregaron era íntegro. El tribunal rechazó la petición y el servicio tendrá que entregar los documentos.
Con la decisión del Tribunal, el camino queda despejado para que el consorcio que presentó la oferta más económica para el Estado, liderada por la china Aisino, pueda adjudicarse el contrato el próximo 7 de octubre y firmarlo en noviembre, para empezar a operar en diciembre de 2022 durante un período de 10 años.
En la licitación, de las seis ofertas que llegaron solo se conocieron cinco propuestas económicas ya que una quedó descalificada.
La firma china se ubicó en primera posición con la oferta más baja - US$ 222 millones-, mientras que la de Idemia fue de US$ 245 millones, seguida por Sonda-Thales con US$ 261 millones y, finalmente, Telefónica Chile y Veridos con US$ 303 millones y US$ 379 millones, respectivamente.
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