Un nuevo conflicto se abrió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y esta vez involucra a dos importantes actores de la industria lechera del país.
Hace algunos días, Chilterra -productora de leche ligada a la familia Ríos y capitales neozelandeses- ingresó una demanda contra la filial de Soprole, Prolesur, acusándolos de abuso de posición dominante y prácticas explotativas en la fijación del precio de la leche fresca.
La historia parte en 2011, cuando Chilterra comenzó una relación comercial con la Sociedad Procesadora del Sur, hoy conocida como Prolesur y ligada a Soprole. Según la demanda, a lo largo de los años la mayor parte de la leche producida por Chilterra fue vendida a la filial de Soprole. Sin embargo, la relación no fue tan sencilla.
30% de las ventas de la línea de productos relacionados a la demanda es la multa que arriesga Prolesur
.Chilterra denunció que se vio atrapada en un modelo productivo estacional impuesto por Prolesur, que favorecía la producción de leche en primavera y verano, lo que dejó a la empresa con un exceso de este producto en los meses restantes, que solo era adquirida por la filial de Soprole. “De esta forma, Prolesur se convirtió en la única opción de venta de la leche producida, creando el escenario propicio para que llevara a cabo conductas explotativas que fueron la principal detonante de la crisis que comenzó a experimentar Chilterra”, señaló Chilterra.
La situación se complicó aún más en febrero de 2019, cuando Prolesur introdujo un bono de entrega programada en el contrato. Éste exigía una relación mínima entre los meses de menor y mayor entrega de leche, lo que hizo que, según Chilterra, la recepción de leche estacional con peak productivo en primavera ya no fuera de interés para la procesadora.
A esto se le suma que en 2021 Prolesur presentó un nuevo contrato de financiamiento que promovía el crecimiento productivo y el cambio de esquema de producción. Este acuerdo exigía a Chilterra aumentar el número de salas de ordeña, vacas en ordeña y mejorar la distribución de las entregas entre los meses de verano e invierno. “Con este último contrato, se siguió cautivo de Prolesur al mantener la preferencia de entrega de leche a esa procesadora. En este sentido, los precios de compra de las procesadoras a los productores son fijados unilateralmente por las primeras. Como consecuencia, el precio pagado al productor por el litro de leche no logró cubrir sus costos”, dice el escrito.
Chilterra indicó que la relación comercial con Prolesur culminó en una crisis económica. ¿La razón? Según explicó la demandante, los precios insuficientes pagados por la filial de Soprole llevaron a la productora de leche a incumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo el pago a proveedores, bancos e instituciones crediticias.
US$ 60 millones era la deuda acumulada de Chilterra.
Asimismo, Chilterra acusó a la procesadora de haber extraído renta al fijar precios de compra de leche por debajo de su valor real. Esto generó -señaló la demandante- una “ineficiencia económica” que ha perjudicado gravemente a los productores lácteos.
Estos hechos llevaron tanto a Chilterra, como a su filial Agrícola Dos Ríos, a iniciar procedimientos de reorganización judicial a mediados de 2022, con el fin de salvar sus operaciones y tratar de reestructurarse. Las deudas acumuladas ascendían a US$ 60 millones.
Por todo esto, Chilterra solicitó que se imponga a Prolesur una multa que equivalga hasta el 30% de las ventas correspondientes a la línea de productos o servicios relacionados con la infracción durante el período en el cual ésta haya ocurrido. Como alternativa, pidió imponer una multa equivalente a UTA 10.000 (US$ 8 millones).
En segundo lugar, la firma pidió al TDLC que declare que la filial de Soprole infringió la ley al abusar de su posición monopsónica en el mercado de adquisición y procesamiento de leche bovina, lo que ha restringido y entorpecido la libre competencia. También instó a que el Tribunal considere la imposición de medidas preventivas, correctivas y prohibitivas para evitar conductas similares por parte de Prolesur; que la filial de Soprole se abstenga en el futuro de ejecutar cualquier conducta anticompetitiva similar, entre otras penalizaciones.
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