Un proyecto de transmisión eléctrica en la zona sur de la Región Metropolitana terminó en una disputa judicial entre un reconocido criadero de caballos y una filial de la eléctrica Saesa, que ya se libra en tres distintos frentes judiciales y administrativos.
El conflicto, en específico, gira en torno a la futura Subestación Eléctrica Seccionadora Linderos, cuyas líneas de alta tensión -un trazado de 154 kV- pasarían por el espacio aéreo de una serie de lotes de Haras Santa Mónica (HSM), ubicado en Buin.
Se trata de un establecimiento ligado al empresario Fernando Gil Bermúdez, fundado en 1989 y especializado en la crianza de equinos de alta proyección deportiva para la hípica y la equitación. El Haras cuenta con 46 pesebreras permanentes, capacidad para albergar 90 animales y en sus instalaciones se producen anualmente entre 20 y 25 nacimientos.
La arremetida legal del criadero nace porque el trazado actual del proyecto, operado por Sociedad Austral de Transmisión Troncal -filial de Saesa, controlada a su vez por fondos canadienses-, no cuenta con el consentimiento de HSM y ya inició sus primeras obras de construcción.
Así, mientras Saesa busca obtener una servidumbre forzosa para poder levantar las líneas sobre los terrenos del Haras, la firma ecuestre ha planteado en sus escritos que el proyecto actualmente “incurre en insalvables vicios de ilegalidad y errores formales”.
Por su parte, consultada por DF, la eléctrica sostuvo que obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que, de acuerdo a sus antecedentes técnicos, “no se identificaron impactos significativos en los términos planteados por Haras Santa Mónica”.
La principal batalla: la SEC
El flanco prioritario del Haras se está jugando ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El 18 de junio, la compañía presentó oposiciones a la solicitud de concesión eléctrica definitiva ingresada por la filial de Saesa.
En ese escrito, la firma argumentó que la eléctrica, al tramitar sus permisos, ha entregado planos que no dan cuenta del verdadero estado actual de las instalaciones, por lo que no se conoce el estado real de los predios a intervenir.
“HSM a lo largo de los años ha construido diversas edificaciones necesarias para la mantención de los estándares esperados y en línea con una atención de primer nivel, tanto de sus clientes como de los equinos que se encuentran en el recinto, mejorando año a año sus inmediaciones”, dijo ante la SEC.
El criadero acusa que los corrales afectados son un “núcleo fundamental” para toda la actividad de la empresa y planteó que el proyecto, actualmente, infringe el artículo 53 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), que reza que cuando ya hay líneas eléctricas en una heredad, el propietario de ésta (es decir, el Haras) podrá exigir que se aprovechen las ya existentes en vez de constituir una nueva servidumbre sobre su propiedad.
Según HSM, se puede utilizar la servidumbre eléctrica que ya se ha impuesto sobre su propiedad y presentó antecedentes técnicos en ese sentido, los que hasta ahora no han sido recogidos por Saesa.
Impugnación ambiental y tribunales
Otro de los frentes que abrió HSM fue ante la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana, ante la cual acusó que el proceso “no caracterizó de manera correcta el medio humano objeto de afectación por parte del proyecto, lo que deja su calificación ambiental truncada, principalmente porque no se consideró la existencia ni el funcionamiento del Haras”.
Con eso, piden invalidar la RCA del proyecto de la subestación.
El último proceso abierto se encuentra en el 1° Juzgado de Letras de Buin, donde Santa Mónica interpuso una “denuncia de obra nueva”, con la que consiguió una medida precautoria para que se decretara provisoriamente la paralización de obras vinculadas al proyecto sobre los terrenos del Haras.
En la contestación de esa demanda, los abogados de Saesa acusaron al criadero de entorpecer el proyecto simplemente porque “le molesta” y porque “las negociaciones para constituir servidumbres voluntarias no le satisfacen, y puede prever que las compensaciones establecidas por ley en favor de los propietarios de inmuebles afectados por servidumbres o concesiones eléctricas no le serán suficientes”.
Santa Mónica, acusó Saesa en ese escrito, “está legalmente obligada a tolerar el proyecto, el que tiene un fin social”.
La mirada de Saesa
Ante la consulta de este medio, la eléctrica de capitales canadienses aseguró “entender y respetar las inquietudes que puedan surgir en torno al proyecto. Sin embargo, tenemos el convencimiento técnico y jurídico de que este cumple con todos los requisitos ambientales que respaldan y fundan la RCA (...) la oposición presentada por Haras Santa Mónica responde a materias propias del proceso de concesión eléctrica más que a un tema ambiental”.
Asimismo, dijo que la subestación Linderos obedece a un mandato del Ministerio de Energía y que contribuirá “a una transmisión eléctrica mucho más segura, robusta y confiable, que beneficiará a miles de usuarios”.
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