La licitación de pasaportes y cédulas vive su primer round legal, que por ahora favorece al Registro Civil. El Tribunal de Contratación Pública no acogió la solicitud de suspensión del proceso licitatorio que presentó la actual operadora, Idemia.
La empresa francesa alega que las últimas modificaciones que se hicieron a las bases afectaron el concurso, que comprende un contrato por US$ 480 millones, por lo que se debía detener.
El Registro Civil respondió, a través de un escrito, que la suspensión iba a generar “un perjuicio del erario fiscal y un beneficio económico injustificado a la demandante”.
Planteó que parar el trámite “generaría un enorme daño para el patrimonio fiscal”, ya que tendría que prorrogar, más allá de lo previsto, el contrato actualmente vigente con la firma gala, debido a “que no es posible que los servicios de identificación, relativos a una materia de tan importante trascendencia para la ciudadanía y el Estado, carezcan de proveedor”.
El gasto de una acción como esta, acusó, “es incalculable”.
Una posible extensión del contrato ya se puso sobre el tapete, ya que Idemia está a cargo del servicio hasta enero de 2022, pero el nuevo licitante iniciará sus servicios en diciembre de 2022 según el calendario entregado, dejando en duda quien se encargará elaborar la documentación en el resto de los meses.
Ante eso, el Registro Civil dijo que una decisión respecto de alargar el período de Idemia será anunciada “en su debido tiempo” y que “la continuidad del servicio estará asegurada”.
En el documento que presentaron al tribunal también indicó que detener el concurso “causa un perjuicio al interés público y de la comunidad”, ya que se “está comprometiendo la continuidad de un correcto servicio”.
“La licitación impugnada busca satisfacer una necesidad pública, y es ese interés concreto, cierto y real el que debe prevalecer por sobre el incierto e improbable derecho que afirma tener la empresa impugnante”, dijo.
Junto con la necesidad de que la entrega de documentos no se vea interrumpida, la entidad indicó que uno de los objetivos de este nuevo contrato es rebajar los costos en materia de documentos de identidad y viaje.
Meses de tensiones
El servicio ha enfrentado críticas de la firma francesa sobre aspectos técnicos. Idemia alega que el hecho de que la entrega de muestras dejara de ser obligatoria, le quitó nivel técnico al concurso.
A esto, el Registro Civil respondió que la decisión fue tomada “a fin de respetar el principio de libre concurrencia de los oferentes y de recibir la mayor cantidad de ofertas posible”.
Y señaló que “no corresponde que Idemia señale que la licitación tiene una deficiente evaluación técnica, dado que dicha etapa ya culminó, y la empresa no impugnó en su momento las bases del proceso concursal”.
Cabe precisar que la licitación no fue detenida, pero igualmente el tribunal aún tiene que resolver sobre las quejas de la compañía.
El aviso del tribunal en relación a que el proceso sigue su curso, se suma a que este lunes el Registro Civil dio a conocer los consorcios que están en la carrera para ganar la licitación: Adjudica Chile, Aisino Corporation, Idemia, Sonda, Telefónica (a través de Movistar Empresas) y Veridos.
El próximo 28 de julio se hará la apertura ecónomica de las ofertas, ítem clave para definir el próximo ganador, ya que representa el 65% de la evaluación, mientras que el aspecto técnico representa un 25%.
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