La morosidad se sigue acentuando en las cuentas de electricidad. Si al 31 de marzo del año pasado -en la prepandemia- se registraban 514.418 clientes morosos, con una deuda que ascendía a niveles de $ 88.450 millones, al 31 de mayo de este año las personas en esta condición llegaron a las 720.840, acumulando una deuda total de $ 248.512 millones.
Así lo reveló ayer el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, quien en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, dio cuenta que los clientes morosos residenciales han aumentando en 206 mil desde marzo 2020.
Según explicó Ávila, al inicio de la pandemia la cantidad de morosos ya estaba por sobre los 500 mil clientes y, con esta última actualización, “hay una deuda que sube $ 248 mil millones, algo por sobre 720 mil clientes, eso representa como el 10,4% de los clientes totales de nuestro país”. Asimismo, si la deuda promedio llegaba a $ 171.943 al 31 de marzo de 2020, a mayo de este año alcanza los $ 344.755.
Sin embargo, la autoridad precisó que se registraron más de 196 mil convenios residenciales desde marzo de 2020.
Al analizar la composición de los morosos, Ávila identificó que el 57% de la deuda morosa total está concentrada en un 33% de los clientes que tienen mayores consumos.
Asimismo, se ha registrado un aumento de más de 124 mil morosos sin convenio firmado con su compañía eléctrica.
En este punto, agregó que “el 49% de los clientes que están morosos registran un último pago el año 2019 o antes”. “Es muy relevante mostrar que quienes logran o acceden a una condición de morosidad durante el 2020 y 2021 es una menor proporción”, dijo.
En esa línea, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, indicó que, si se considera el incremento de las deudas en el período de pandemia, “se estima que los clientes residenciales tendrían que pagar, en promedio, cuotas que representan un incremento de sus cuentas de cerca de 15%, y que podría acercarse a un 50% en algunos casos, durante todos los meses de los próximos cuatro años”.
Castillo recordó la mesa técnica que comprometió el gobierno para buscar una solución integral a la alta mororidad, confiando que la instancia pueda prosperar. En sí, advirtió que con la extensión de la ley de servicio básicos solo se ha trasladado un problema que seguirá creciendo y que “este se ha convertido en un problema social estructural de nuestro país”.
Además, aseguró que “la ley vigente favorece más a los que si pueden pagar y no lo hacen, mientras que no entrega un apoyo concreto para ponerse al día a los clientes vulnerables, quienes en este momento continúan acumulando deuda”.
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