Sin decirlo directamente, la venta de Essal por parte de Aguas Andinas a la canadiense Algonquin Power & Utilities Corp podría evitar que se le quite la concesión en Osorno, tras el accidente que dejó por 10 días a la ciudad sin suministro de agua potable en 2019.
Así se desprende de la presentación que realizó el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, respecto del avance del expediente de caducidad.
La autoridad comentó que la venta de la participación de Aguas Andinas a la canadiense “pospuso o alargó más el análisis” del proceso de caducidad, al ser un antecedente relevante a considerar.
Durante su presentación, explicó que “uno de los grandes objetivos de la caducidad en definitiva es que cambie el dueño actual por un dueño nuevo, por lo tanto el proceso de venta en ese sentido se parece bastante”, dando a entender que Essal podría mantener su concesión en esa ciudad.
Recalcó que “la caducidad no debe ser entendida como una sanción, sino que tiene que ser entendida como un instrumento regulatorio para resguardar a los usuarios”.
“Un proceso de venta se parece a uno de caducidad, porque llega un nuevo dueño”, indicó, explicando que esto se produce cuando no es viable mantener al actual titular porque no genera confianzas.
Rivas también se refirió a por qué el proceso se ha alargado más de un año. Aunque el plan original apuntaba a que “durante marzo del 2020 íbamos a estar en condiciones de zanjar y emitir un informe de la caducidad”, dijo que “la verdad es que esa estimación fue largamente sobrepasada por los hechos”.
La primera razón para explicar la demora fue que “hubo una activa participación de Essal. En otros procesos de caducidad no había sucedido que tuviera una participación tan activa”.
“Ha usado cada una de las instancias con que dispone para defenderse. Ha hecho una cantidad de presentaciones enormes, entonces tenemos muchos informes jurídicos, técnicos y económicos que hemos tenido que revisar porque esto es un debido proceso”, indicó. La segunda razón -dijo el superintendente- es que se han tenido que tomar las declaraciones “en este periodo difícil para el país, primero con el estallido (y luego con la pandemia) donde hemos visto restricciones y limitaciones para hacer todas estas diligencias”.
El superintendente enfatizó que pese a la llegada de la empresa canadiense, el proceso de caducidad sigue en marcha. Además está en curso la multa que se le formuló a la concesionaria por $ 1.640 millones en agosto pasado, la que fue apelada.
También dijo que “esperan sentarse a conversar” con la firma extranjera para conocer más sobre sus objetivos en el país, dado que no los conocen hasta el momento.
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