Menos de un mes falta para que una empresa se adjudique el millonario contrato para confeccionar cédulas de identidad y pasaportes. El proceso ha estado enfrentando distintos flancos de cuestionamientos y uno de ellos es la demanda que presentó a inicios de agosto la Unión Temporal de Proveedores (UTP) conformada por la chilena Sonda y la francesa Thales.
El representante del consorcio, Raúl Sapunar, explica que buscan impugnar el concurso porque a su juicio el Registro Civil no evaluó las cinco ofertas presentadas conforme a las bases de licitación.
Raúl Sapumar representante utp Sonda-Thales
“En las bases hay 862 requerimientos habilitantes que deben cumplir las ofertas para ser admisibles técnicamente. Sin embargo, en la práctica el Registro Civil dejó sin evaluar 255 de los requisitos técnicos”, apunta.
Así, acusa que el 29% de los criterios no habrían sido considerados a la hora de la evaluación a cargo de una comisión especializada.
Sapunar asegura que eso “rompe el principio de igualdad de los proponentes y hace que las ofertas sean incomparables entre sí”.
Plantea que el contrato, que tendrá una duración de 10 años, se podría adjudicar “a una propuesta que no cumple con las bases de la licitación ni con las competencias técnicas para proveer la solución identificatoria que Chile necesita”.
Aunque aún no se adjudica, todo apunta a que el consorcio liderado por la china Aisino, que presentó la oferta más conveniente para el Estado (US$ 222 millones), sería la ganadora. Le siguieron las propuestas de Idemia (US$ 245 millones) y Sonda-Thales (US$ 261 millones).En los últimos lugares quedaron Telefónica Chile y Veridos con US$ 303 millones y US$ 379 millones, respectivamente.
Calidad y precios
Uno de los principales objetivos del Registro Civil al implementar el nuevo sistema es disminuir los precios de las cédulas de identidad y pasaportes, punto que Sapunar apoya, pero dice que junto con la rebaja “el Registro Civil debe velar porque la empresa que desarrolle el proyecto tenga una calidad técnica que asegure una prestación de servicios y emisión de documentos con características de fabricación y seguridad acordes a los más altos estándares internacionales”.
“No es aceptable sacrificar, en pos de un menor valor, la calidad técnica de lo contratado, que es precisamente en lo que no estaría ocurriendo con una evaluación técnica incompleta de las ofertas presentadas”, sostuvo.
El ejecutivo señala que una correcta evaluación de las ofertas “tiene una relevancia fundamental en la determinación del precio y, consecuentemente, en la oferta económica de los participantes y en la adjudicación final”. El factor económico es de gran relevancia en esta licitación, ya que tiene un peso del 65% de la evaluación, mientras que el aspecto técnico es de 30% y el administrativo de 5%.
Otro ámbito que se vería afectado según el ejecutivo es la transparencia, ya que el servicio señala que la comisión a cargo usó “herramientas de evaluación” y un “manual del evaluador”, pero ambos serían desconocidos por los oferentes.
La demanda de Sonda-Thales se encuentra en trámite en el Tribunal de Contratación Pública. El último movimiento que realizó la instancia fue rechazar la solicitud de suspensión del proceso que hizo el consorcio, ya que consideró que no tenía los antecedentes suficientes -hasta el momento- para tomar esa decisión. Lo mismo ocurrió con la acción legal presentada por la francesa Idemia, donde tampoco se acogió la petición de frenar la licitación.
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