Para aumentar la competitividad y eficiencia del sector energético es necesario incorporar mejoras al sistema regulatorio, tanto en la generación como en la trasmisión de electricidad, que permitan a nuestro país no sólo estar a la altura de mercados más desarrollados, sino también evitar exponerse a grandes restricciones y altos precios que resten crecimiento a la matriz energética.
Según expertos las mejoras pasan, entre otros aspectos, por facilitar la generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y acelerar la expansión de los sistemas de transmisión, desde el troncal hasta los adicionales, pero también por alinear los objetivos de las distribuidoras con los de los clientes finales.
Según Alfredo Solar, presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), el “sistema regulatorio chileno no tiene mecanismos adecuados para la introducción de ERNC y fue pensado para que operen grandes embalses y centrales térmicas. Pero hoy estamos en otra era y cada vez resulta más complejo construir embalses y mega centrales de combustibles fósiles”. No obstante, agrega que si bien las ERNC hoy no son aptas para un esquema de contratos con clientes finales, sí son un aporte para los sistemas eléctricos al reducir los costos marginales y operacionales de los mismos y permitir traspasar mejores condiciones a los consumidores. “En consecuencia, su espacio natural es despachado a mercado spot, pero ahí encuentran incertidumbre y volatilidad de precios que dificultan su financiamiento”, dice. Por ello, añade que deben aprobarse mecanismos eficientes para incorporar al sistema estas fuentes energéticas y permitir así la entrada de nuevos actores.
Respecto de la transmisión, Carlos Silva, director del Centro de Innovación de Energía de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostiene que la mayor falencia del sistema se relaciona precisamente con la escasa obtención de servidumbres para proyectos en esta área. “El mecanismo y la implementación de la normativa actual han llevado a retrasos y aumentos de costos impresentables para el desarrollo energético nacional”, afirma. Opinión que comparte Eduardo Andrade, presidente del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas Mundiales (Cigré) al señalar que los proyectos en esta materia “están tomando demasiado tiempo y la incertidumbre de realizarlos es demasiado alta, tanto desde el punto de vista
medioambiental como de acceso a los terrenos. Por ende, resulta clave agilizar los procesos y evaluar los aspectos en regulación que todavía es necesario trabajar”.
En ese sentido, Solar añade que el Estado debe, por ejemplo, programar soluciones que permitan unir zonas de alto potencial de generación y recoger las conexiones transversales, buscando reducir los riesgos de transmisión.
Aprobación ambiental
Una opinión distinta tiene Sebastián Bernstein, socio director de Synex consultores y miembro de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (Cade), quien asegura que los principales problemas del sector no radican en las regulaciones propiamente tales, sino en el marco de aprobación ambiental y público, así como en la judicialización de procesos, que está haciendo muy difícil ejecutar proyectos de generación y transmisión. Ello a pesar de que existe demanda y disposición a pagar de los consumidores, multiplicidad de proyectos y número suficiente de emprendedores de distinto tamaño.
“En el campo regulatorio se está generando una pugna entre corrientes que impulsan una meta 20/20 en ERNC, que me parece irrealizable en términos industriales y de alto costo, y la legislación actual sobre la materia, que debería mantenerse sin perjuicio de algunos perfeccionamientos”, dice.
Para revertir este escenario, el experto afirma que debe llegarse a un grado de acuerdo político respecto de las tecnologías que pueden desarrollarse en la construcción de nuevas centrales y sus costos económicos y ambientales, informar verazmente a la opinión pública y líderes de distintos sectores, hacer participar a las comunidades locales de los beneficios de los proyectos y elevar la participación eventual del Estado en facilitar el uso de suelos para estudios ambientales y desarrollo de iniciativas en la materia.
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