Para que los proyectos aprobados sean ejecutados en condiciones ambientales similares a aquellas que se tuvieron a la vista durante su evaluación, así como también para evitar la especulación, la reforma de la ley ambiental de 2010 fijó cinco años para que las iniciativas inicien su construcción o podrían sufrir la caducidad de su permiso.
Así, aunque muchos titulares buscan conseguir la Resolución de Calificación Ambiental para ejecutar proyectos de inversión, algunos que ya la obtuvieron optaron por no desarrollar las iniciativas. Según información del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a la fecha se ha acreditado el inicio de ejecución de 609 RCA, habiendo caducado 66 permisos, los que suman una inversión que no se materializó de US$ 3.642 millones.
La facultad de la autoridad decantó en resoluciones desde 2016, concentrando gran parte de las caducidades ese año y el siguiente. Otros 18 se sumaron en 2018 y uno en lo que va del año.
El sector energético es por lejos el que concentra la mayor inversión de proyectos que finalmente no prosperaron, con US$ 2.466 millones. Le sigue la minería con US$ 484,8 millones, el rubro inmobiliario con US$ 300 millones y Obras Públicas con US$ 272 millones.
A nivel de proyecto, la tabla la encabeza la central termoeléctrica Energía Minera, con una inversión de US$ 1.700 millones que se ubicaría en Puchuncaví y que incluso Codelco pensó impulsar. Luego figura Hacienda Topocalma de la Inmobiliaria General–cuya inversión ascendía a US$ 300 millones-y que tenía como fin utilizar 1.021 de un total de 7.654,4 hectáreas para construir equipamiento turístico y residencias de veraneo (segunda vivienda).
Además, en la lista también están presentes diversas iniciativas de Minera Escondida que fueron caducadas en 2016.
Entre los más recientes está el Parque Solar El Águila de Andes Mainstream. Esta iniciativa fue pensada para la generación de alrededor de 140 GWh anuales de energía eléctrica, pero en 2018 se puso fin a este plan.
De la torta total, si bien la inversión proviene primordialmente desde la vereda de los privados, 23 de las 66 autorizaciones caducadas son estatales. De hecho, en 20 de ellas figura el Ministerio de Obras Públicas como titular. Una de las más representativas –con una inversión de US$ 140 millones- es la que buscaba construir una nueva carretera que uniera las comunas de Chiguayante y Concepción para mejorar el transporte y la comunicación. La resolución que declara la caducidad de la RCA fue emitida en 2016.
Desde el SEA explican que el 24 de diciembre de 2013 se materializó el concepto de caducidad de las RCA y que en términos generales se entiende que esto se aplica cuando hayan transcurrido más de cinco años sin que se haya dado inicio a la ejecución del proyecto.
Sin embargo, aclaran que se reglamentó un régimen transitorio para aquellas iniciativas calificadas favorablemente con anterioridad del 24 de diciembre de 2013, en el cual la obligación de acreditar el inicio de ejecución del proyecto recae en forma exclusiva en sus titulares.
De todos modos hay excepciones. El embalse Punilla es una de ellas. Pese a que obtuvo permiso ambiental en 2010 y aún no está construido, no se ha caducado la RCA, ya que el MOP ha hecho gestiones para desarrollar la iniciativa, concesionando la obra a un privado que la está desarrollando.
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