"Existe una vinculación directa entre la ética pública y la protección ambiental de la cual la ciudadanía está muy al tanto". El contralor Jorge Bermúdez entregó este jueves su visión de la relación que existe entre corrupción y medio ambiente.
Tras haber lanzado hace unos días una agenda anticorrupción -que incluye 25 medidas en la materia-, Bermúdez participó en el foro "Deberes del Estado y de los ciudadanos para la protección del medio ambiente", donde detalló que para la construcción de este documento participaron cerca de 23.000 personas.
Esto, agregó, "da cuenta de que el tema ambiental es importante, pero además que hay una vinculación directa entre protección del medio ambiente e integridad pública".
Algunas de las recomendaciones que surgieron del estudio en temas ambientales fueron, por ejemplo, que la Superintendencia de Medio Ambiente actúe de acuerdo a un principio de oportunidad y fundamente cuándo va a aplicarlo; o que en materia ambiental, los proyectos puedan expresar quién es el beneficiario final; y también que las personas que participan de la evaluación ambiental de una iniciativa deban realizar una declaración de intereses y patrimonios reforzadas
Aunque no se tocó el tema, la exposición se da en medio del debate del rol del Presidente Sebastián Piñera en el proyecto Dominga, que vendió en 2010 y que abrió la puerta a que se tramite una acusación constitucional en su contra.
Cambio climático y elecciones
Bermúdez, también con post doctorado en Derecho Ambiental, comentó: "Echo de menos en la discusión de cara a las elecciones que se discutan con mayor profundidad estos temas" medioambientales. Hizo el contraste con Alemania, donde señaló que todos los candidatos centraron sus discursos sobre el cambio climático.
Enmarcados en el debate constitucional, se refirió a la institucionalidad medio ambiental, donde señaló que quisiera ver consagrados dos principios: primero, "el de no regresión en materia ambiental, que ha alcanzado un nivel determinado de protección; ese nivel debe mantenerse y mejorarse".
"La legislación, las medidas administrativas, las decisiones de gestión no pueden sino mejorar ese estándar ambiental una vez que este sea alcanzado", sostuvo.
El segundo principio que propone es de "progresión o de progresividad en materia ambiental, en el sentido que hay que avanzar en el desarrollo y en la interpretación de esos principios que se consagran en la Constitución a propósito de la protección del medio ambiente".
Además, espera que el Estado responda a las "3E: que sea eficiente, sobre todo en el uso de recursos públicos; que sea más ético e íntegro, donde hayan menos faltas de probidad y conflictos de interés; y más ecológico".
Comentó que un tema pendiente es la creación de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que había sido acordado pero "no ha visto la luz".
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