El lunes, en reunión con la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ministra Carolina Schmidt, transparentó su postura respecto a la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), eliminando dos de los componentes esenciales que hace un año habían definido el Ejecutivo.
Lo que se tomó las miradas fue que la ministra Schmidt optó por sacar la nueva Participación Ciudadana Anticipada (PACA) del proyecto de ley y, para compensar eso, ampliar la participación ciudadana a todos los proyectos y no sólo a los Estudios de Impacto Ambiental o Declaraciones con carga ambiental.
La medida no dejó indiferente a la industria, por cuanto el incorporar esa participación temprana buscaba bajar la conflictividad con las comunidades, la que ha derivado en una fuerte judicialización.
El profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero, dijo que “el verdadero test del proyecto tenía que ver con dar más posibilidades de diálogo al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y mejorar la calidad de la evaluación y, por esa vía, tratar de reducir los índices de judicialización. La nueva propuesta del gobierno es menos que minimalista, es volver a un debate que teníamos hace 10 años atrás y no hay nada novedoso en ella”.
Según explica, con las medidas que se proponen para fortalecer la participación ciudadana, sólo se están redirigiendo los reclamos a la Justicia, sin que puedan solucionarse entre las comunidades y las empresas.
El académico agregó que “el gobierno cree que la evaluación ambiental mejora en la medida que se reducen los tiempos. El proyecto como está sigue invitando a la judicialización. Las indicaciones no mejoran las condiciones de participación y ampliar este mecanismo a las DIA, en rigor es lo que ha hecho en la práctica la Corte Suprema”.
“El problema central que tenemos en la evaluación ambiental es de calidad de la participación, en que el SEIA no está en condiciones de resolver toda la conflictividad territorial. Una participación temprana, que abordara distintos temas, permitía discriminar todos los aspectos sociales y ambientales y, a cada uno, darle una canalización razonable”, recalca.
Esta visión no es del todo compartida en el ambiente legal. El abogado Jorge Cash estima que “es sensato que se haya eliminado la PAC anticipada y lo lógico era fortalecer la participación ciudadana al interior del SEIA. A su vez, es valioso que se considere la participación de las comunidades en las Declaraciones de Impacto Ambiental”.
Agrega que con esto, la PAC adquiere una insospechada relevancia en la propuesta, tanto en el ámbito de la participación en el marco del SEIA, como en el recursivo. Agrega que a su juicio, la "PAC anticipada iba a servir como una nueva fuente de impugnación, adicional a la que se considera actualmente en el marco del SEIA, profundizando la judicialización de proyectos".
Jorge Canals, abogado socio de Moraga y Cía, señala que “me parece un error eliminar la participación ciudadana anticipada sin considerar modificaciones”.
“Hay importantes opiniones que señalan que contar con la mayor cantidad de espacios de relacionamiento temprano formalizados, permite a la larga disminuir la judicialización de los proyectos y viabilizar aquellos que se denominan estratégicos”, agrega.
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