La huelga de trabajadores de Finning Chile terminó por trasladarse a los tribunales. Primero llegó la vía penal: en enero, mientras la paralización seguía en curso, la firma presentó una querella por los bloqueos de caminos y accesos, invocando la Ley de Seguridad del Estado. Meses después abrió un segundo frente y demandó al Sindicato Nacional N°2, a cinco dirigentes y al abogado que los asesoró para exigirles $ 774,7 millones.
La querella fue declarada admisible el 26 de enero y remitida a la Fiscalía. Esa resolución es el último movimiento que figura en el expediente judicial, que permanece en tramitación y sin archivar. En la demanda civil, en tanto, Finning sostiene que los cortes le ocasionaron pérdidas operacionales y llevaron a Minera Escondida a cobrarle por sus efectos en la faena.
De los bloqueos a los juicios
La huelga legal comenzó a las 8:00 horas del 20 de enero, después de que fracasaran las conversaciones entre la proveedora de equipos y servicios mineros y el sindicato. Según los escritos de Finning, minutos antes de esa hora ya había dificultades para ingresar a sus instalaciones en el sector La Negra, en Antofagasta. Durante la mañana, sostiene, manifestantes bloquearon los accesos a sus centros logístico y de reparación. Las obstrucciones, asegura, se prolongaron por casi una semana.
Dos días después del inicio de la huelga, la compañía interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La dirigió contra “quienes resulten responsables” y pidió investigar eventuales delitos contra el orden público por los impedimentos de acceso a instalaciones industriales y los cortes de caminos.
En junio, la disputa continuó en sede civil. Ante el 4° Juzgado Civil de Antofagasta, Finning sostiene que los bloqueos excedieron el ejercicio del derecho a huelga y afectaron los servicios comprometidos con sus clientes mineros. A diferencia de la querella, la demanda identifica a quienes busca hacer responsables: el sindicato, los dirigentes Germán Barahona, Alejandra Espinosa, Hugo Escobar, Víctor Daza y Lucio Chamaca, además del abogado Rodrigo Sandoval.
La mayor partida del reclamo se relaciona con Escondida. Finning afirma que la minera le imputó US$ 379 mil por impactos logísticos y operacionales, $ 336,8 millones según el cálculo de la demanda. La firma sostiene que esa suma fue descontada de sus estados de pago.
A ese monto añade $ 97,6 millones en gastos para enfrentar la contingencia, entre ellos la contratación de un helicóptero para trasladar personal. También reclama $ 300,3 millones por pérdida de productividad y $ 40 millones por el daño que, asegura, sufrió su reputación. En total exige $ 774,7 millones, más reajustes e intereses.
Antes de discutir el cobro, sin embargo, las partes debaten sobre la competencia del tribunal para tratar el conflicto. La defensa argumenta que los hechos ocurrieron durante una negociación colectiva y que corresponde a la justicia laboral calificarlos. En subsidio, pide que Finning precise qué conducta atribuye a cada demandado y cómo se relaciona con los perjuicios reclamados.
El 15 de septiembre, el sindicato acompañó copias de los expedientes laboral y penal a la causa civil y objetó, por extemporánea, la lista de testigos de Finning. La empresa pidió citar personalmente a declarar al abogado Rodrigo Sandoval, uno de los demandados, y presentó un pliego de preguntas para el dirigente Germán Barahona.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
sindicatos
