El estado de California, en Estados Unidos, decidió aplicar la medida más agresiva hasta la fecha en contra de Uber y Lyft, empresas a las que demandó para obligarlos a reclasificar a sus conductores como empleados.
El fiscal general del estado, Xavier Becerra, respaldado por abogados municipales de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ha exigido "cientos de millones de dólares" en salarios no pagados y otras sanciones en una queja que presentó la tarde de este martes.
La demanda busca hacer cumplir la Ley de la Asamblea 5, una ley californiana que entró en vigencia a principios de año, que está diseñada para elevar la barrera para las empresas que desean tratar a sus trabajadores como contratistas independientes.
"Estas compañías toman la mano de obra de los trabajadores, pero no aceptan las protecciones", dijo Becerra en un comunicado y agregó: "Tenemos la intención de asegurarnos de que Uber y Lyft cumplan con las reglas"
Uber y Lyft se han opuesto a la normativa y, en cambio, apoyan una medida alternativa que dicen les brindaría a los conductores mejores protecciones, sin comprometer la flexibilidad que ofrecen los gigantes de los viajes compartidos a través de aplicaciones.
"En un momento en que la economía de California está en crisis con 4 millones de personas sin trabajo, necesitamos hacer que sea más fácil, no más difícil, que las personas comiencen a ganar rápidamente", dijo un portavoz de Uber en respuesta a la demanda.
"Vamos a refutar esta acción en la corte, mientras al mismo tiempo presionamos para elevar el estándar de trabajo independiente para los conductores en California, incluso con ganancias mínimas garantizadas y nuevos beneficios", agregó.
Lyft dijo: "Estamos ansiosos por trabajar con el fiscal general y los alcaldes de todo el estado para llevar todos los beneficios de la economía de innovación de California a la mayor cantidad de trabajadores posible, especialmente durante este tiempo cuando se crean buenos empleos con acceso a atención médica asequible y otros beneficios son más importantes que nunca".
En las últimas semanas, Uber comenzó a sugerir que los trabajadores que están perdiendo ingresos debido a una caída en la demanda de viajes compartidos podrían tomar posiciones temporales en Amazon y 7-Eleven o, si tienen una licencia de conducir comercial, convertirse en conductores de camiones.
Pero los críticos de las compañías dijeron que el coronavirus ha ampliado sus preocupaciones de que las elevadas valoraciones de la industria de viajes compartidos se hayan generado a costa de trabajadores desprotegidos.
"Esta es una gran victoria para los conductores", dijo Carlos Ramos, conductor y organizador del grupo activista Gig Workers Rising. "A los multimillonarios les gusta elegir qué leyes siguen. Hoy California está demostrando que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la gran tecnología".
A principios de este año, Uber y la compañía de entrega Postmates desafiaron a AB5 en la corte, argumentando que estaban siendo tratados injustamente. En febrero, un juez negó su solicitud de impedir que la ley entre en vigencia.
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