La empresa estatal brasileña Petrobras
aceptó hoy iniciar negociaciones para cambiar el contrato, "en forma
directa", con el Estado ecuatoriano por el "Bloque 18", para que en
lugar de participación sea de prestación de servicios.
El ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga,
hizo el anuncio en una rueda de prensa en presencia de tres altos
funcionarios de Petrobras, tras una reunión que estos mantuvieron
con el jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Decio Odone, director
general ejecutivo de Petrobras; Gustavo Amaral, director de
exploración y explotación de Petrobras, y Xavier Gremes, gerente de
esa empresa brasileña en Ecuador.
Actualmente, con un contrato que fenece en 2022, el "Bloque 18"
produce 32.000 barriles diarios y hay un proceso de inversión para
incrementar la producción en otros 5.000 barriles diarios, indicó
Chiriboga.
El ministro insistió en que en la negociación con las empresas
petroleras privadas, uno de los puntos más importantes se relaciona
con la renuncia a tratar posibles disputas entre empresas y Estado
en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (Ciadi).
En este organismo, adscrito al Banco Mundial, el país afronta
nueve arbitrajes de firmas extranjeras y tres más en otras cortes.
Del total de demandas, cinco son de petroleras que alegan una
supuesta afectación debido a la Ley 42, que las obliga a entregar al
fisco el 99 por ciento de los excedentes petroleros por el alza del
precio del crudo.
El Gobierno ha señalado que no es negociable que las disputas con
las compañías extranjeras se debatan en el Ciadi sino en una corte
latinoamericana, como esquema alternativo, en Chile.
"Chile es uno de los países que más vinculación tiene a la
filosofía jurídica de Ecuador. El Código Civil, solo para mencionar
algo, es el mismo que tenemos en Ecuador", indicó al señalar a Chile
como "un país de una gran institucionalidad democrática".
Asimismo, añadió que no se somete la soberanía tributaria del
Estado ecuatoriano "a que árbitros, por muy respetables que sean,
cuestionen decisiones de política interna del país".
El ministro puntualizó que en la negociación no hubo "un cambio
drástico" de posiciones en cuanto al criterio de Petrobras sobre la
Ley 42, así como tampoco de la posición del Estado ecuatoriano en el
mismo tema.
Petrobras argumenta que en su contrato han venido pagando más
allá de lo que la Ley de reparto estableció en 2007 y "por lo tanto
ellos quieren que esa situación sea revisada", dijo.
"Nosotros no tenemos ninguna dificultad en revisar eso. El
compromiso con ellos es simplemente que vamos a revisar si es
jurídicamente posible aplicar esa visión que tiene Petrobras y nos
vamos a pronunciar en su momento", añadió.
Señaló que "queda claro que no está condicionada la suscripción
del nuevo contrato a resolver un tema de interpretación jurídica".
Lo que queda claro -dijo- es que "tanto Petrobras como
Petroecuador y el Estado ecuatoriano van a hacer su mejor esfuerzo
para buscar una solución también en ese punto".
Chiriboga señaló que con Petrobras, el tema del "Bloque 31" se ha
dejado para el futuro por ser más complejo y con el fin de dar
vialidad al acuerdo anunciado hoy.
Desde Brasil se anunció en abril pasado que Petrobras prevé
producir otros 35.000 barriles por día de crudo en el "Bloque 31",
que está a la espera de una licencia ambiental de operaciones y está
ubicado cerca de un parque nacional declarado reserva de la biosfera
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En temas petroleros en general, el ministro de Minas y Petróleos
anotó que la producción de crudo de Ecuador al día de ayer,
incluyendo la compañía estatal Petroecuador y las privadas, ascendió
a 507.000 barriles diarios.
Chiriboga indicó que hoy mantendrán reuniones preparatorias con
representantes de las otras compañías con las que se renegocian los
contratos, para seguir mañana con Andes Petroleum y Repsol.
El petróleo es el principal producto de exportación de este país
andino que, con los ingresos por sus ventas, financia alrededor del
35 por ciento del presupuesto general del Estado.
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