Fue el 16 de enero pasado cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), encabezada en ese momento por Jorge Atton, dio a conocer el decreto tarifario para la telefonía móvil, en el que se estableció una caída de 73% de los cargos de acceso, pasando de $ 64 a $ 17,2 en horario normal.
El decreto entró en vigencia el 25 de enero, y además gatilló además el cumplimiento del Instructivo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre tarifas on net/ off net, el que señala que las empresas móviles no pueden cobrar precios distintos por llamadas hechas fuera o dentro de su red.
Sin embargo faltaba que la Contraloría General de la República hiciera la toma de razón. Finalmente el organismo decidió “abstenerse de dar curso a los decretos”. Esto porque, de acuerdo a lo que consigna el dictamen, en los informes de sustentación de los decretos tarifarios entregados por Subtel, no corresponde que se añada “un costo que no esté referido en la empresa”, haciendo alusión al alza de
$ 0,99 por minuto en el cargo de acceso contemplado en los decretos y que se incorporó porque “existiría un segmento de clientes 2G en la demanda que efectivamente no pueden ser directamente atendidos con una red 3G”.
Sin embargo, dice la Contraloría, la empresa eficiente modelada para la fijación de las tarifas se hizo en base a una red de 3G.
Además, el organismo señaló que Subtel no aportó los antecedentes suficientes para acreditar que efectivamente las tarifas de cargos de acceso fijadas, “junto con la recaudación por los demás servicios que presta la empresa eficiente, aseguran el autofinanciamiento de la misma”, dice el dictamen de la entidad.
Empresa eficiente
La fijación de los cargos de acceso -que corresponde a montos que las operadoras de telefonía móvil se re distribuyen por el uso de la red- no estuvo exento de polémica. Desde el inicio del proceso Telefónica, Entel y también Claro, en su oportunidad criticaron, entre otros puntos, el modelo de empresa eficiente diseñado por la autoridad, por considerar que tomaba en cuenta servicios que no están contemplados en la Ley de Telecomunicaciones, como televisión y banda ancha.
De hecho, Telefónica señaló en su respuesta a las bases técnico económicas (BTE) presentadas por Subtel , que les surgió “una razonable preocupación a partir de las señales que estaría dando la autoridad”. Y agregó que “ha quedado la impresión que las BTE se han transformado en una manifestación de política pública destinada a reducir lo más posible las tarifas de los servicios regulados, aunque las normas legales y fundamentos técnicos puedan no arrojar tal conclusión”.
La compañía insistió en esa oportunidad que Subtel debía someterse estrictamente a la legalidad en esta materia y que “no es posible que por razones de conveniencia u oportunidad Subtel adopte determinaciones que contravengan lo antes indicado”.
Entel, en tanto, también refutó el proceso en esa instancia señalando que la Ley de Telecomunicaciones establece que la empresa eficiente debe ofrecer “sólo los servicios sujetos a fijación tarifaria” y que “no puede considerarse la empresa eficiente una empresa multiservicios como la que se pretende establecer en las BTE, pues los servicios provistos por la misma, tienen costos que por su naturaleza son esencialmente divisibles, como por ejemplo televisión y servicio móvil”.
Contraloría
Posteriormente, el foco estuvo puesto en la brusca caída del valor de los cargos de acceso. Telefónica y Entel fueron las operadoras que estuvieron en contra de una brusca caída de los cargos de accesos”. Telefónica argumentó que esto podría impactar directamente en el nivel de inversiones de la compañía. En tanto, Entel señaló que se ponía en riesgo la continuidad de los clientes de prepago en el sistema.
Mientras, VTR y Nextel abogaban por importantes caídas del valor.
Finalmente, una vez que la autoridad dio a conocer los nuevos valores, Telefónica, Entel y Nextel interpusieron recursos ante la Contraloría General de la República.
La primera fue Entel, que cuestionó el escalamiento de tarifas sólo para el primer año, porque la consideraba discriminatoria en comparación con los últimos procesos tarifarios que la misma autoridad estaba realizando para las empresas de telefonía fija donde escaló las tarifas para los cinco años.
En tanto, Telefónica -que había presentado una impugnación durante el proceso, pero fue rechazado- cuestionó las tarifas definitivas a partir del segundo año, las que fueron escaladas a costo marginal y no a costo medio.
Nextel también presentó un recurso ante Contraloría, aunque con un objetivo distinto: la compañía señala que tomando en cuenta el modelo con que Subtel calculó los cargos de acceso, el valor debería ser incluso más bajo que el que finalmente presentó.
CARGOS DE ACCESO
Caída. Subtel estableció una caída de 73% de los cargos de acceso para telefonía móvil.
Críticas. Telefónica y Entel criticaron que el modelo de empresa eficiente incluyera servicios que no están considerados en la Ley de Telecomunicaciones.
Subtel. Jorge Atton, subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno anterior, argumentaba que los decretos tarifarios debían ajustarse a la evolución de la industria de telecomunicaciones.
Nextel. Presentó un recurso ante Contraloría señalando que, de acuerdo a la fórmula de la Subtel, los cargos de acceso debían ser aún más bajos.
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