Por R.Carrasco y A.Chávez
Con un portazo se encontraron las principales empresas de telecomunicaciones del país que, a través de una carta enviada al presidente Sebastián Piñera, solicitaron al gobierno impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) el artículo 5° transitorio de la recién aprobada Ley de Antenas, que los obliga a retirar o reemplazar las torres de las llamadas “zonas sensibles”.
Y es que la respuesta de La Moneda fue categórica: “La voluntad del gobierno es respetar la decisión del Parlamento y que cualquier empresa o ciudadano que se sienta afectado en su derecho por esa Ley que se aprobó puede recurrir sin necesidad del gobierno a los Tribunales de Justicia para hacer sus reclamaciones; no necesitan del gobierno para hacer esas reclamaciones”, sentenció el portavoz del Ejecutivo, Andrés Chadwick.
Para mayor abundancia, el secretario de Estado recalcó que “si las empresas tienen objeciones de constitucionalidad tienen directamente la posibilidad de recurrir a los tribunales, a través del recurso de inaplicabilidad, para efectos de hacer valer sus opiniones o planteamientos jurídicos, el proyecto fue aprobado y el gobierno lo entiende de esa forma”.
Así las cosas, la reacción de palacio se condice con la voluntad que mostraron los representantes del gobierno durante la última etapa de tramitación legislativa de la norma, pues “accedió y participó en la busqueda de un texto de consenso, por lo que modificarlo sería un contrasentido”, dice una fuente que participó en las negociaciones.
La mirada legislativa
Con todo, la arremetida de Movistar, Entel, Claro y Nextel tiene sentido para el senador de la UDI, Alejandro García Huidobro, quien además junto a su par Hernán Larraín, y aludiendo al mismo artículo, anunció una “reserva de constitucionalidad” durante la discusión que se dio en la sala, el pasado martes, previo a la aprobación de la ley.
Según el legislador, “se cometió un error” porque son las llamadas “zonas sensibles, como hospitales, colegios y asilos, los que necesitan una mejor calidad de comunicación” y porque el efecto es “contraproducente”, ya que obliga a rebajar las torres de esos sectores permitiendo instalar otras de menor tamaño lo que generará “un bosque de antenas donde la radiación va estar más cerca de las personas”, dijo.
Junto con recalcar que la solución habría sido la “colocalización”, es decir que la misma torre fuera compartida por varias empresas, García Huidobro reconoció que la norma tiene vacíos de constitucionalidad porque “no se considera compensación alguna para las empresas, vulnerando el derecho de propiedad”.
Para los senadores de la Concertación y patrocinadores del artículo, cuyo origen fue una indicación, la ofensiva de las compañías sólo evidencia intereses económicos.
“Esgrimen que la nueva ley atentará contra la calidad del servicio, y lo que se esconde es su afán de mantener privilegios monopólicos e impedir que ingresen nuevos operadores”, manifestó el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier (PS).
Para el senador Jorge Pizarro (DC), en tanto, sería “una aberración” que las empresas pretenden no cumplir lo que se aprobó.
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